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El cañón sónico de Gavarda.

Compromís reprocha que la CHJ no actúe contra los cañones sónicos de Gavarda

El senador nacionalista critica que no se tomen medidas cautelares contra el agricultor que trata de disolver «la lluvia a cañonazos»

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha mostrado su incredulidad por el hecho que el Gobierno haya asegurado que la Confederación Hidrográfica del Xúquer no prevé la adopción de medidas cautelares ante la proliferación de cañones sónicos en distintos puntos de la geografía española (entre ellas la de Gavarda, qunque también se han detectado en Lleida, Aragón, Castelló y otros municipios de València). Son instalaciones que emiten ondas sónicas para evitar la formación de granizo que no están autorizadas por la Administración para modificar el ciclo del agua.

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha solicitado «diversos informes sectoriales que implican competencias de distintas Administraciones Públicas» por lo que no tiene previsto adoptar medidas «al menos, hasta que se disponga de tales informes, a la vista de los cuales se resolverá, en su caso, lo que resulte pertinente», señalan a los valencianistas en una respuesta parlamentaria.

Para el senador «suponen toda una sorpresa los bandazos que está dando [la CHJ] en esta cuestión. De abrir diligencias tras constatarse que se han saltado toda la normativa municipal y medioambiental en la materia para emitir cañonazos a la atmósfera interfiriendo en la fauna de la zona y el descanso vecinal, a optar ahora a no adoptar medidas cautelares hasta que se resuelvan los informes sectoriales que han solicitado, a pesar de las evidencias de estas prácticas con el granizo», denuncia Mulet.

El senador lamenta «la poca efectividad y exasperante lentitud» de la Administración y ha recordado como este mismo organismo admitió a principios de año «desconocer el funcionamiento y la efectividad de estos cañones», aunque si se demostrara que realmente son útiles «supondrían una modificación de la fase atmosférica del ciclo hidrológico y por tanto se les debería aplicar la legislación vigente».

El representante de Compromís ya criticó que las pretensiones del organismo de cuenca fueran sancionar con la cantidad más baja, 10.000 euros, al calificarla como leve en vez de aplicar sanciones «ejemplares» que disuadan de estas prácticas en medio de una crisis climática, ante un bien protegido «y una práctica prohibida que amenaza disolver las lluvias a cañonazos».

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