La financiación de los partidos políticos suele convertirse en un pozo insondable. Nunca sabes qué puedes encontrar ahí. Y cuando te adentras en las últimas terminales del sistema para observar la gestión económica de las agrupaciones locales la oscuridad todavía es mayor. No hay manera de aclararse. La última prueba ha aparecido en Algemesí, un municipio que, pese a superar los 27.000 habitantes, también permanece ajeno a la transparencia que debería garantizar el empleo de fondos públicos. Dos de los cinco grupos representados en el consistorio han sido obligados por la Intervención Municipal a devolver gran parte de las asignaciones recibidas. Esquerra Unida deberá reintegrar la totalidad del dinero, 4.800 euros, y Vox 3.258 euros de los 3.600 que percibió. El PSPV también retornará 126 euros de los 12.000 que se embolsó el año pasado y Compromís ha sido, con mucha diferencia, el más escrupuloso al aportar decenas de facturas que acreditan todos sus gastos. Por contra, el PP solo ha presentado un certificado que justifica únicamente 80 de los 9.600 cobrados, un dinero que, además, no se gestiona en Algemesí sino que se remite cada mes por transferencia a la dirección del partido, que se ocupa de pagar el alquiler de la sede local.
El silencio suele rodear siempre la gestión de esas ayudas que el ayuntamiento concede a los partidos para que puedan desempeñar su función pública. Es un tema tabú que no aparece casi nunca en la la agenda política. De hecho nadie se había preocupado del destino que se da a ese dinero hasta que el concejal tránsfuga de Ciudadanos, Edgar Bresó, trató de hurgar en esa herida para sacudir el tablero político local. En 2015 la Sindicatura de Comptes ya había alertado al consistorio sobre la falta de fiscalización de esos gastos. Con estos antecedentes, Bresó presentó en septiembre de 2021 una moción para que fuera debatida por la corporación municipal en la que recordaba que la ley obliga a los partidos a contabilizar sus gastos y les instaba a devolver los fondos que no estén debidamente justificados. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, esa moción todavía no ha sido discutida en un pleno.
No obstante, el tono inquisidor del concejal que fue expulsado de Ciudadanos por haberse incorporado al gobierno municipal junto al PSPV y Esquerra Unida, removió algunas conciencias y se promovió una modificación del presupuesto de 2022 para incorporar el procedimiento que debían seguir a partir de ese momento los partidos locales para justificar las subvenciones que percibían los grupos políticos. Hasta ese momento nadie se había preocupado de presentar ni una sola factura. El texto legal aprobado en el pleno de marzo obliga a los partidos a «poner de manifiesto en cada justificante la efectiva y directa relación de los gastos con la actividad ordinaria de los grupos municipales». Se habla con toda claridad de la presentación de facturas y recibos, como se exige habitualmente a cualquier otra entidad que perciba una subvención pública de carácter finalista.
El grupo que mejor se ha adaptado a esas exigencias ha sido Compromís, que presentó un completo catálogo de facturas, justificantes y recibos cuyo importe incluso excedía los 6.000 euros que recibió en 2021 del ayuntamiento. El portavoz de Esquerra Unida, Pere Calpe, admitió durante su intervención en el pleno de octubre que había incumplido los requisitos que imponía la ley y aceptó devolver los 4.800 euros cobrados. Vox sólo ha podido avalar un gasto de 419 euros y debe reintegrar al ayuntamiento los 3.181 euros restantes y el PSOE se verá obligado a entregar 126 euros que no estaban justificados. La mayor parte de la subvención que recibe el grupo socialista se invierte en el alquiler de su sede.
El PP, por su parte, en lugar de entregar facturas, se ha limitado a poner encima de la mesa una memoria de prestación de supuestos servicios que el PP provincial ofrece a sus concejales de Algemesí. La mecánica seguida en este caso es la siguiente: las aportaciones mensuales destinadas al grupo se envían por transferencia a la sede provincial. En 2021 se enviaron 9.465 euros. ¿En qué se invirtieron? En el pago del alquiler de la sede del PP local, situada en un bajo de la calle Cervantes y en abonar los gastos de luz, agua, seguro e impuestos locales. No se concretan las cantidades. Tampoco se aporta el contrato ni los gastos de oficina, informáticos, telefónicos y postales que el PP provincial asegura cubrir. Ni se detallan los servicios de asesoría y formación que atienden.
Bresó cuestionó en el pleno de octubre esta inconcreción, aunque el líder local del PP esgrime un informe de la Intervención Municipal que señala que el procedimiento de rendición de cuentas elegido por este partido se ajusta plenamente a la legalidad.
