A un lado de la mesa, representantes de todas las asociaciones de vecinos de la ciudad de Gandia y el presidente de Fedaveïns. Al otro, la Asociación de Empresarios de la Hostelería y el Turismo de la Safor (Asemhtsa), las asociaciones de comerciantes de la ciudad y las de hostaleros del Raval y el Centre Històric. Sobre el tablero una problemática que afecta tanto a unos como a otros: la ocupación de la vía pública por parte de los establecimientos hosteleros, es decir, las terrazas.
Es la primera vez que el Ayuntamiento de Gandia une a las dos partes para que, de forma respetuosa, confronten sus opiniones respecto a una cuestión que ciertamente ha levantado polémica. Los empresarios consideran que la actual ordenanza que regula el montaje de las terrazas es restrictiva y piden más derechos y libertad. Por su parte, los vecinos reclaman más tranquilidad en el interior de sus viviendas.
En el fondo de la reunión se encontraba el buscar la forma de conciliar el ocio con el bienestar de los vecinos.
Como testigos, la concejala de Comercio, Alícia Izquierdo, la de Seguridad Ciudadana, Àngels Pérez, un representante de cada grupo político del ayuntamiento, el jefe de la Policía Local, Marc Cuesta, y los técnicos del departamento de Comercio.
Durante el encuentro se les repartió tanto a los comerciantes como a los vecinos la ordenanza que regula la instalación de las terrazas. Los técnicos les explicaron los puntos «para que no haya malinterpretaciones, porque muchos reconocieron que no la habían leído», dijo Izquierdo. Al final de la reunión se decidió que cada asociación llevará el texto a su asamblea y propondrá las modificaciones que considere. En otro encuentro que tendrá lugar en enero se pondrá sobre la mesa de nuevo el texto y se estudiarán los puntos de convergencia y aquellos en los que haya mayores divergencias entre las partes. A partir de ahí, si es posible, el Gobierno local podría estudiar si elabora una nueva ordenanza que, en este caso, esté consensuada por los actores principales.
La edil de Comercio, Alícia Izquierdo, reconoció ayer a Levante-EMV que la reunión transcurrió en un clima de cordialidad. «Las dos partes se entienden mutuamente en sus posturas», aseguraba. De hecho, dijo «todos agradecieron el tono, y, sobre todo, que por primera vez se les haya sentado en una misma mesa para analizar el problema», aseguraba Izquierdo.
El objetivo, indicó, es llegar a un punto en el que ambas partes se encuentren. La edil reconoció que lo que se trate en estas reuniones no tiene porqué ser vinculante pero está abierta a que el Gobierno revise la ordenanza si se llega a un consenso viable. «En todo caso, deben saber que aprobar una ordenanza no se hace de hoy para mañana y que el proceso es largo». Izquierdo aclaró que, mientras, la actual ordenanza «sigue en vigor y debe ser cumplida».