El Consell de Participació Ciutadana de Gandia (CPC), que hoy se reúne por primera vez en Gandia tras la renovación surgida de las pasadas elecciones municipales y la formación del nuevo Gobierno local, debatirá qué sistema utiliza el ayuntamiento para las consultas populares a la ciudadanía que el concejal Nahuel González anunció para antes del próximo verano.
Según señaló en su día el propio González, entre los temas que se podrían someter al voto de los ciudadanos se incluye elegir a la persona que ejercerá de Defensor del Ciutadà para mediar con el ayuntamiento cuando una persona tiene un contencioso abierto con la Administración local. También se plantea someter al voto una modificación de las sanciones a quienes incumplen la obligación de recoger los excrementos de sus perros, aspecto que desde hace muchos años indigna a miles de gandienses y que nunca se ha solucionado.
Las consultas ciudadanas, como la que acaba de realizarse en Tavernes de la Valldigna sobre varios aspectos de las fiestas patronales, son una novedad de esta legislatura, pero en Gandia aún queda por definir cómo se organiza la votación para evitar al máximo los posibles fraudes.
Así, y según indicaba ayer González, lo que hoy se pondrá sobre la mesa del CPC son dos sistemas. El primero es el que acaba de realizar el Ayuntamiento de Tavernes. Consiste en votar a través de internet con dos datos de control. En primer lugar se tiene que introducir el número del DNI y, para confirmar la identidad del votante, añadir la fecha de nacimiento.
Este sistema tiene como inconveniente la evidente facilidad con la que una persona puede emitir varios votos. No tanto suplantando la identidad de terceros, sino enviando su veredicto en nombre de familiares o conocidos que le han transmitido que no quieren votar.
Entre las ventajas de este procedimiento figura la facilidad de participar, simplemente un minuto al mando de un ordenador, lo que puede incrementar el número de quienes expresan su opinión. Aun así, en Tavernes apenas votó un 11,8 % del censo.
El segundo sistema que el CPC analizará obliga al votante a personarse en una oficina del ayuntamiento donde, tras identificarse con el DNI, recibiría una clave que tendría que introducir en el ordenador o en las máquinas que el ayuntamiento habilitaría en distintos puntos de la ciudad para poder votar. Así resulta mucho más difícil el fraude, pero a cambio puede que la necesidad de acudir personalmente a recoger la clave reduzca la participación.