La Sareb o «banco malo», una entidad semipública que se quedó los pisos de las entidades financieras intervenidas por el Estado para evitar su quiebra, dispone en Gandia de unos cuatrocientos pisos que no puede vender y que permanecen vacíos, en algunos casos abandonados y, en los más graves, ocupados ilegalmente.
La cifra es significativa porque cuatrocientos supone el cuádruple del total de demanda de vivienda social existente en esta ciudad, un problema que gestiona el departamento municipal de Servicios Sociales que dirige el concejal Nahuel González.
Según los datos ofrecidos por el representante municipal, en estos momentos están entregadas a familias de la ciudad más de cincuenta pisos municipales que han sido alquilados a precios asequibles a los ingresos de los beneficiarios. El ayuntamiento, sin embargo, mantiene en lista de espera a otras ochenta familias o personas que carecen de techo, y de esas peticiones seis están catalogadas como «urgentes», es decir, padres con hijos que ahora no tienen a donde ir o viven en condiciones muy precarias.
Negociaciones imposibles
Prácticamente desde que Nahuel González accedió a dirigir el departamento de Servicios Sociales inició gestiones para reunirse con representantes del «banco malo» y conseguir lo que considera «lógico». Eso es, que aquellos pisos que no pueden ser vendidos a corto plazo sean temporalmente cedidos al ayuntamiento y que la Administración local, basándose en los parámetros de necesidad de cada beneficiario, los entregue a esas familias que no tienen donde vivir. Cuando finalice la situación de emergencia social, o cuando quede establecido en el contrato de cesión que se firmaría, los inmuebles regresarían nuevamente a la Sareb para que pudiese venderlos.
El problema, insistió ayer González en declaraciones a este periódico, es que esta empresa semipública sigue negándose a hablar con el ayuntamiento, y eso, además de impedir que se avance en materia social, acarrea otro problema igualmente grave, como es el de las ocupaciones ilegales de viviendas por parte de personas que los usan como base para acciones delictivas o prohibidas.
El concejal de Servicios Sociales indica que tiene evidencias de que en esos pisos vacíos y abandonados algunos grupos incluso se han organizado en pequeñas mafias que se lucran de la miseria. Aunque parezca mentira, entran en pisos o bloques de viviendas abandonadas, cambian las cerraduras, conectan ilegalmente el agua y la electricidad y las «alquilan» a personas por entre 100 y 150 euros a mes.
«Para nosotros solucionar esos problemas es fundamental y prioritario, porque se están generando situaciones de enfrentamiento, personas que sufren situaciones de conflicto permanente», indica Nahuel González, quien añade que la Policía Local está llevando a cabo actuaciones para erradicar esos casos, aunque siempre surgen en otros lugares.
El caso de la calle Padilla
Un ejemplo de pisos vacíos de Gandia es el de un edificio de la calle Padilla del Grau, donde de un bloque de 25 viviendas tres están alquiladas y las otras 22 restantes permanecen vacías. Todas ellas son de la Sareb, y se han tenido que instalar puertas reforzadas «antiocupas» para evitar que se pueda acceder al interior.
El Gobierno gandiense espera que, ante la cerrazón de la Sareb y su negativa a negociar con los ayuntamientos, al menos la Generalitat palíe esta situación cuando, como se ha anunciado, apruebe la Ley Valenciana de la Vivienda, que, según destaca el Consell del PSPV-PSOE y Compromís, establecerá medidas para que los bancos faciliten el alquiler social en los miles de pisos que tienen repartidos por todas las ciudades y que, fruto de la burbuja inmobiliaria, no se pueden vender ni a corto ni a medio plazo.