La empresa Alcara Infraestructuras SL está, ahora sí, a un paso de poder ocupar la parcela y la lámina de agua que durante setenta años ha estado en manos del Club Náutico de Gandia y poder construir allí una nueva marina que, si se cumple lo previsto, se caracterizará no solo por ser un puerto deportivo para embarcaciones de recreo, sino también porque dispondrá de una enorme explanada abierta con locales comerciales y de restauración.
Porque el Tribunal Supremo, en una Providencia dictada el pasado 22 de junio y conocida esta semana, ha desestimado el recurso que en su día presentó el Real Club Náutico de Gandia dentro del litigio que mantiene con Alcara Infraestructuras y, de rebote, con la Autoridad Portuaria de València (APV), que es el organismo público titular de ese espacio privilegiado de la playa de Gandia.
El conflicto judicial queda ahora cerrado por el Supremo, que considera que el recurso presentado por el Náutico «carece de fundamentación suficiente» y no lo admite. Esa resolución, además, no puede recurrirse.
Tres años de enfrentamiento lleva el proceso para renovar la concesión administrativa del espacio que ocupa el Real Club Náutico de Gandia.
Resumiendo todo este embrollo, cuando Alcara Infraestructuras presentó su proyecto para optar a esa concesión, que era por un periodo de 25 años, el Náutico alegó, en un escrito remitido a la APV, que algunos de los trámites se habían realizado fuera del plazo legal establecido. La APV se creyó esos argumentos y, basándose en informes de la Abogacía del Estado, excluyó a la empresa privada del proceso.
Como era de esperar, Alcara Infraestructuras consideró que aquello era un atropello y que la APV y el Club Náutico habían actuado, en connivencia e incumpliendo la ley, para apartarla del concurso público. Los jueces le dieron la razón y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana sentenció que Alcara no solo podía presentarse a la concesión de ese espacio público portuario, sino que retrotraía todas las actuaciones al punto en que estaba mejor posicionada que el Club Náutico para ganar la partida.
En todo este periodo, y por difícil que resulte creer, el club, que había obtenido la concesión, procedió a iniciar las obras con la demolición del edificio social y el resto de las instalaciones, dejando el puerto deportivo para poder dar servicio a los dueños de las embarcaciones y los elementos necesarios para que pudieran atracar.
Según señalan fuentes consultadas por este periódico, ahora el Club Náutico incluso podría solicitar a la APV daños y perjuicios por el valor de los trabajos de demolición ya realizados.
Alcara, por su parte, queda ahora a expensas de que el Tribunal Supremo notifique su decisión a la APV y este organismo del Estado adopte la esperada resolución de aprobar provisionalmente la concesión del náutico gandiense para la empresa privada. Si posteriormente reúne toda la documentación requerida, permitiría que lleve a cabo las obras necesarias para levantar las nuevas instalaciones en las que se invertirían alrededor de cinco millones de euros. Todo el proceso podría arrancar el próximo otoño.
Rapidez en una resolución vital para el turismo local
La mayoría de las veces la justicia española se muestra lenta. Pero no se puede aplicar ese concepto al Tribunal Supremo en el caso del litigio que el Real Club Náutico ha mantenido con Alcara Infraestructuras y la Autoridad Portuaria de València. En Gandia uno de los aspectos que más preocupaba era que nada estuviera claro hasta dentro de dos o tres años, lo que habría supuesto dejar como un descampado, y medio abandonado, un espacio estratégico para promocionar el turismo de la ciudad. Esta Providencia del Supremo que deja a Alcara Infraestructuras a un paso de poder presentar y ejecutar su proyecto de nuevo náutico, que incluirá locales comerciales y de restauración, párking, e incluso se baraja la posibilidad de un hotel. El proyecto no se presentará antes de que se obtenga la resolución definitiva para poder ejecutar la obra.