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El asesinato de la niña de Ripollet se salda con 5 años de internamiento

La Audiencia de Barcelona hizo efectivo ayer su ingreso en un centro tras confirmar la condena impuesta hace 7 días

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Sergio y Luis, los dos menores condenados por el asesinato de su compañera de clase María Dolores, conocida como Maores, de 14 años, ingresaron ayer por la mañana en sendos centros educativos para cumplir la condena de hasta cinco años de internamiento que se les impuso. Los dos menores fueron condenados por el asesinato, el 1 de noviembre de 2008, de su compañera de clase, que murió a golpes y degollada en un descampado de Ripollet (Barcelona).

Según fuentes judiciales, Sergio, autor material del crimen, ha ingre?sado en el centro Can Llupià de Barcelona, mientras que el otro procesado, cooperador necesario en el asesinato, cumplirá su condena en el complejo Els Til·lers de Mollet del Vallès (Barcelona).

El internamiento de los menores, que permanecían en libertad provisional a la espera de que se hiciera firme su condena, ha sido ordenado por el juez una vez la Audien?cia de Barcelona confirmó la semana pasada las penas de cinco años de internamiento y tres de libertad vigilada para Sergio, de 15 años, y de cuatro años y nueve meses de internamiento, y tres de vigilancia, para Luis, de 14.

Desde su detención en noviembre del año pasado, los procesados por el crimen de Maores ingresaron en sendos centros educativos, donde cumplieron el máximo de nueve meses de internamiento preventivo que la ley prevé para los menores de edad.

Una vez condenados por el juez de menores, quedaron en libertad provisional a la espera de que la sentencia fuera firme, con la obligación de no acercarse a la familia de la víctima ni a su escuela y de someterse a tratamiento psicológico, entre otras medidas de control que pactaron la Fiscalía y sus defensas.

Embargan el sueldo a los padres

Hace unos días, el juzgado de menores procedió a embargar el sueldo de los padres de ambos jóvenes para garantizar el pago de los 407.096 euros de indemnización a la familia de la víctima que establece la sentencia y de la que son responsables civiles los progenitores de Luis y Sergio.

Asimismo, el juzgado ha reclamado un informe patrimonial de las propiedades de los padres de los condenados para estudiar la posibilidad de embargarles la vivienda, en el caso de que no dispongan de suficiente efectivo ni de otros bie-nes para hacer frente.

La abogada de Luis anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo o el Constitucional, alegando que su cliente no participó en el crimen y desconocía las intenciones de su amigo.

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