El juzgado de lo Penal número 17 de Paterna juzga el martes a cuatro extrabajadores a los que su antigua empresa de Paterna, que se dedicaba al transporte, acusa de extorsión y de llevarle a la quiebra tras cogerse varias bajas seguidas, según consta en el escrito de acusación particular. En la causa figuran también como imputados tres representantes sindicales, dos de UGT y uno de CGT.
La empresa denunciante pide para cada una de estas personas una pena de 5 años de prisión por un delito continuado de extorsión y que indemnicen a la sociedad con 1.154.159,1 euros, en concepto de responsabilidad civil. Por su parte, el ministerio fiscal solicita la absolución al no hallar delito. La empresa denunciante era una sociedad familiar de transportes con más de 20 años de antigüedad que regentaban y administraban dos hermanos. Según consta en el escrito de conclusiones de la acusación, los conflictos comenzaron el 21 de marzo de 2005, cuando, a petición del sindicato CGT, se celebraron en la empresa unas elecciones para delegado de personal, cuyo resultado no fue del agrado de los extrabajadores, puesto que no salió elegido ninguno de ellos.
A partir de ese momento, y según consta en el mismo escrito, los trabajadores comenzaron a crear "graves problemas" a la empresa para conseguir la impugnación de las elecciones, hecho que nunca consiguieron. Fue entonces cuando "empezaron a llevar a cabo actividades ilícitas", y lo primero que hicieron, apoyados presuntamente por sus representantes sindicales de UGT y CGT -denunciados en este procedimiento-, fue causar bajas laborales por enfermedades "simuladas" que les resultaban "muy fáciles de fingir", ya que se trataban de enfermedades difícilmente objetivables. Así, el 28 de marzo de 2005, uno de los empleados se cogió la baja por depresión; a los pocos días, el 11 de abril, otro trabajador causó baja por cervicalgia; y el 22 del mismo mes, uno más se cogió la baja por una lumbalgia. En agosto del mismo año, los tres, cuando continuaban de baja, fueron despedidos por los daños que estaban ocasionando a la empresa.
La empresa presentó concurso de acreedores, aunque el juzgado lo desestimó porque no tenía ningún activo con el que hacerle frente. En diciembre de 2008, la mercantil acordó su disolución y liquidación.
"Han generado pérdidas de más de 1 millón de ?"
Ignacio Grau, el abogado de la empresa denunciante dedicada al transporte, aseguró que la mercantil ha sufrido pérdidas de más de un millón de euros a raiz de las bajas de los exempleados. Además, destacó la "dificultad" de conseguir sustitutos, ya que los camiones cisterna de la empresa "necesitan de un rodaje previo para manejarlos", por lo que "encontrar personal cualificado era complicado". Además, Ignacio Grau añadió que "tampoco sabían cuánto iban a durar las bajas". Una de ellas, "se prolongó durante un año", según el abogado de la empresa. l. p. s. valencia
