Acepta un año y nueve meses de cárcel por estafar con la venta de falsos coches oficiales

Un hombre de 44 años, Francisco Javier P. B. aceptó ayer la pena de un año y nueve meses de prisión por estafar con una falsa venta de coches oficiales a 168 compradores, a los que reclamaba un adelanto. El juicio iba a celebrarse desde ayer hasta el próximo 15 de enero, debido al elevado número de testigos, en la sección tercera de la Audiencia de Valencia. Pero al admitir el acusado los hechos y alcanzar una sentencia de conformmidad, la vista no llegó a celebrarse.

Francisco Javier P. B. también deberá devolver los 50.400 euros a los 168 compradores que adelantaron una fianza, de la que le quedan por abonar 27.579,45 euros, según recoge la sentencia dictada «in voce», más los intereses legales. El tribunal también lo ha condenado a pagar una multa de seis meses a razón de 4 euros diarios (744 euros), por lo que la cantidad definitiva a la que deberá hacer frente el acusado asciende a 50.400 euros.

El acusado organizó entre mayo y julio de 2012 una «supuesta subasta de vehículos oficiales de la empresa pública (estatal) Tragsa», que se celebraría en una nave industrial de Riba-roja, «con el escudo de la Generalitat». Los coches se podrían elegir por orden de reserva, según relata el escrito de la Fiscalía.

Francisco Javier P. B. llegó a contratar a una mujer para que gestionara estas reservas del derecho a participar en la subasta de los coches, a razón de 300 euros por persona. La empleada se quedaba con «100 euros por cada reserva gestionada, como pago por el trabajo realizado», aunque desconocía la falsedad de la subasta.

La empleada devolvió el dinero

De esta manera, un total de 168 personas pagaron desde 300 euros hasta 600, 1.200 y 2.100 en algunos casos por una subasta que, en realidad, nunca había existido. De hecho, el 2 de julio de 2012, cuando se debería haber realizado la puja el acusado «no se presentó a la supuesta subasta» tras quedarse con «34.200 euros, 200 euros por cada una de las 168 reservas» que su empleada había realizado.

La trabajadora, que desconocía el alcance de la estafa, devolvió a los compradores los 100 euros por persona que se había quedado de cada una de las 168 peticiones e, incluso, «llegó a aportar diversas cantidades [a los afectados] de su dinero particular». El acusado deberá devolver a esta mujer los 16.200 euros que cobró, por su trabajo real, pero que tuvo que devolver tras descubrirse el engaño.

La Fiscalía consideraba estos hechos un delito de estafa, por lo que reclamaba tres años de prisión para el acusado. Al reconocer los hechos, la sentencia de conformidad reduce la pena hasta el año y nueve meses.