Magrudis defiende que aplicó medidas correctoras tras el positivo de listeria

La mujer del gerente de Magrudisresponsable del plan de autocontrol de la empresa, ha declarado este martes en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla que la compañía aplicó "medidas correctoras" después del positivo en listeria detectado en una muestra de carne mechada el pasado 22 de febrero.

La jueza que investiga el brote de listeriosis, Pilar Ordóñez, ha tomado declaración a la esposa de José Antonio Marín, una cuñada que trabajaba como administrativa en Magrudis y un comercial, los tres en condición de investigados, después de que el 26 de septiembre lo hiciesen el gerente y uno de sus hijos, que permanecen en prisión preventiva, mientras que otro hijo fue puesto en libertad.

La esposa de Marín ha respondido durante una hora y media a un extenso interrogatorio de la magistrada en una sesión a la que no ha acudido la Fiscalía y sí varias acusaciones particulares, como las ejercidas por la Junta de Andalucía y la asociación de consumidores Facua.

Según han informado fuentes del caso a Efe, la defensa de Marín y su cónyuge ha impugnado la participación de estas dos acusaciones particulares.

En su comparecencia, la responsable del plan de autocontrol de Magrudis ha reconocido que en febrero de este año tuvo conocimiento del positivo en listeria en una muestra de carne mechada analizada por Laboratorios Microal y ha explicado que la empresa adoptó "medidas correctoras".

En concreto, según ha explicado la investigada, se intensificó la limpieza de la maquinaria y hubo análisis "de todas las superficies y todos los productos" hasta junio.

La esposa del gerente también ha recordado que el plan de autocontrol fue diseñado precisamente por Microal en 2015 y que pasó las inspecciones anuales de los veterinarios del Ayuntamiento de Sevilla al menos hasta el 2017, por lo que seguía en vigor cuando se produjo ese positivo de febrero.

En cuanto a la cuñada del gerente y el comercial, han estado declarando durante media hora y quince minutos, respectivamente, y han señalado a la instructora que ellos no supieron que una muestra había dado positivo en la bacteria en febrero.

Los representantes de Magrudis, además, han insistido en que en diciembre de 2018 presentaron una declaración responsable para obtener la licencia de actividad y el permiso para ampliar la nave del polígono industrial El Pino, trámites que consideraron satisfechos a los tres meses "por silencio administrativo".

La comparecencia ante la jueza no ha supuesto la imposición de ninguna medida cautelar para estos tres investigados, que están en libertad aunque dos de ellos, la cuñada de Marín y el comercial, llegaron a estar detenidos durante unas horas el 24 de septiembre, cuando la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil registró las instalaciones de Magrudis y varios domicilios.

José Antonio Marín y su hijo Sandro, en cambio, permanecen en la cárcel desde el 26 de septiembre, ya que la jueza rechazó sus recursos contra el ingreso en prisión al apreciar "indicios de criminalidad incontestables", entre ellos que "ocultaron información a las autoridades sanitarias y ordenaron destruir documentos y productos".

La magistrada atribuye a los investigados un delito contra la salud pública en concurso con tres delitos de homicidio por imprudencia, dos delitos de lesiones a feto con resultado de aborto y otro de lesiones imprudentes a un número de personas "que pudiera ascender a doscientas".