Fueron protagonistas de excepción de un proceso sin parangón. Los artífices de que el horror acabase en una condena judicial sin fisuras terminaron siendo víctimas de ese otro caso Alcàsser de tintes circenses, en el que acabó por cuestionarse hasta el color de las tapas del sumario. Supieron sortear las injerencias y evitaron con todas sus armas legales la contaminación de la causa, pero no pudieron impedir quedar marcados para siempre.
El investigador
Pablo Pizarro Plaza, Instructor del atestado de la Guardia Civil
«No me ofenden las dudas de la gente de la calle, pero sí las de los profesionales de una investigación»
por Teresa Domínguez
No era el máximo responsable de la investigación, pero así quedará para los anales de la historia porque él fue el instructor del atestado de la Guardia Civil. Su nombre ha circulado durante más de dos décadas por páginas web convirtiéndose en el blanco de las iras de los amantes de la teoría de la conspiración lanzada a los cuatro vientos por el padre de una de las niñas.
En 2002, Pizarro, fallecido en febrero de 2006 sin llegar a ver condenados, pese a ser el impulsor del proceso, a quienes arrastraron su buen nombre por el fango -el padre de Míriam, Fernando García, y el ‘criminólogo’ Juan Ignacio Blanco tuvieron que pagar 430.000 euros en 2010 a otros tres guardias civiles, al fiscal y a los forenses por las difamaciones sufridas-, confesaba a Levante-EMV: «No me ofende que la gente de la calle, ajena a las investigaciones, ponga cosas en duda. Eso es humano, porque es lo que se les estaba diciendo desde un medio tan poderoso como la televisión. Pero los comentarios de algunos profesionales, incluso de algunos guardias civiles que no conocieron el caso ni de lejos, eso sí hace daño».
Respecto al caso, explicaba que «fue muy delicado, pero no fue complicado desde el punto de vista de la investigación» porque desde el mismo momento en que se hizo la inspección ocular en La Romana aparecieron pistas que señalaban hacia los autores. Eso sí, siempre ha mantenido que es «el crimen más cruel de cuantos me ha tocado investigar, por la saña y la violencia gratuita que desplegaron los asesinos, con el único afán de someter y humillar a sus víctimas». Hoy (casi) nadie lo dudaría: fue un crimen de género; las niñas fueron torturadas, vejadas y finalmente ejecutadas por eso, por el mero hecho de ser mujeres.
El subteniente Pablo Pizarro, un referente para decenas de guardias civiles que tuvieron el lujo de compartir trabajo con él, fue uno de los agentes del instituto armado más vilipendiado en público —él lamentaba «el daño hecho a mi familia, que nunca pensó en ver tantas veces mi nombre en televisión»— y, sin embargo, fue el artífice de la detención de Miguel Ricart, hoy único condenado, a quien decidió arrestar casi en el límite de la ley con unos indicios, en ese momento, débiles: era dueño de un coche blanco y no creyó a Ricart cuando dijo que el día de autos estaba en prisión. Pese a que desde la cárcel lo habían confirmado telefónicamente, desconfió y envió a dos agentes a la prisión de Picassent.
La coartada quedó desmontada: el 13 de noviembre de 1992 Ricart no esta preso; eso sucedería un mes después, cuando acabó detenido por el robo de un coche y pasó apenas unos días entre rejas porque, en ese momento, ni siquiera se sabía que las niñas llevaban semanas asesinadas y enterradas. En cuanto Pizarro tuvo la respuesta, ordenó leerle los derechos a Ricart por su participación en la violación y asesinato de las adolescentes.
Además, gracias a su obstinación en demostrar la implicación de Ricart en un atraco cometido en Buñol ocho días antes de los crímenes, el asesino pudo seguir en prisión hasta el juicio por el caso Alcàsser, por el que debía haber quedado en libertad cinco meses antes de la vista oral por las dilaciones a las que las acusaciones particulares habían sometido el proceso.
Sin él, posiblemente Ricart no habría estado en el banquillo. Ni habría cumplido casi 21 años de cárcel antes de perderse en el anonimato en el que vive hoy en día. Tras el caso se convirtió en el responsable del entonces recién creado grupo para investigar todos los casos en los que las víctimas son menores o mujeres, el equipo Mujer-Menor (Emume) de la Guardia Civil. Era el terreno donde se sentía cómodo y que pocos agentes entendían o querían como destino en aquellos años en que la ley integral de violencia machista, para la que aún faltaban una década y la conciencia de todo un país, solo era el sueño utópico de la colectividad feminista. Una década después del triple asesinato Pizarro, un magnífico profesional de la investigación y un insustituible amigo, sostenía que el caso no le había influido en el terreno personal. Ahí, no decía toda la verdad, una costumbre profundamente arraigada en su férrea personalidad de guardia civil: Pablo todavía conservaba en su cartera las fotografías de Antonio Anglés… Se fue soñando con colocarle las esposas que le había puesto años antes a Miguel Ricart.
La comandancia de la Guardia Civil
«La fuga de Anglés es una espina clavada»
por Teresa Domínguez
Un teniente coronel y dos comandantes formaban el cuadro de mandos de la entonces 301 Comandancia de la Guardia Civil. En los años siguientes al caso Alcàsser fueron ascendiendo a puestos de mayor responsabilidad dentro de su carrera, pero ninguno ha podido olvidar lo que alguno de ellos resume como «una espina clavada porque sólo pudimos poner a disposición de la Justicia a uno de los dos autores. El otro, se nos escapó. Pero también es una espina por el trato que recibimos. Trabajábamos veinte horas al día, la mitad de los guardias no dormía, estábamos al límite, dimos todo por este caso y, sin embargo, nos crucificaron». Son palabras del hoy general de la Guardia Civil ya jubilado José Manuel Díez Cubelos.
A nivel personal, fue «una época muy dura, sufríamos por las familias, por las niñas. Tanto dolor y tanta violencia. Los asesinos debieron creerse Dios, se arrogaron el poder sobre la vida y la muerte», prosigue.
En privado, durante una entrevista para Levante-EMV, admitían una lección: «Hemos aprendido que a los medios de comunicación no se les puede cerrar la puerta. En aquella época, no era ésa la postura de los máximos responsables de la Guardia Civil. Hicimos de la comandancia una fortaleza antiinformativa porque queríamos evitar a toda costa las filtraciones que podían entorpecer la investigación. Pero era inútil. Paso que dabas, paso que salía en los medios de forma inmediata».
A partir del caso Alcàsser, la Guardia Civil abordó la creación de lo que hoy son sus gabinetes de prensa, nacidos apenas unos meses después de la condena a Ricart. Fue su manera de asumir el error en la comunicación.
El instructor
José Miguel Bort, Juez instructor del Juzgado número 6 de Alzira
«Lo que pasó después no me lo podía ni imaginar»
por Regina Laguna
Llevaba diez meses de ejercicio profesional cuando la Guardia Civil llamó al titular del juzgado número 6 de Alzira. Eran las 10 de la mañana del 27 de enero de 1993 y alguien había descubierto un cadáver enterrado del que sólo se veía una mano. Cuando la comisión judicial iba de camino a La Romana les avisaron de que había un hombre ahorcado en la Pobla Llarga y no pudieron llegar hasta las dos de la tarde. «Oscurecía cuando sacaron el primer cuerpo. Luego apareció otro y fue cuando comentaron: ˝¿No serán las niñas de Alcàsser? ˝. Y me dije: ˝¡Qué mala suerte!˝».
En noviembre de 2002, Levante-EMV publicó un especial sobre el décimo aniversario del caso en el que, por primera vez vio la luz este relato directo del juez que levantó los cadáveres de las niñas de Alcàsser. No ha vuelto a conceder entrevistas. «Lo que pasó después no me lo podía imaginar, aunque ya entonces tenía trascendencia pública», añade Bort.
Además, fue una casualidad orográfica que le tocara a este juzgado. La Romana está en un paraje muy alejado de Alzira, pero a 300 metros hay un barranco que divide este partido judicial y el de Carlet. De hecho, el estudio cartográfico de la Guardia Civil certificando que el partido judicial era el de Alzira, realizado a solicitud del juez, fue el primer informe de las decenas de tomos que acabaron conformando el sumario judicial.
«Hubo mucho bombardeo de los medios de comunicación, pero yo decidí no leer periódicos ni ver la televisión. Además, me sentí presionado por uno de los padres que venía a hablar conmigo, porque quería llevar el caso a su terreno. No le volví a recibir». Habla de Fernando García. Para Bort, el caso debía seguir su curso de la forma más judicial posible, «al margen del resto de acontecimientos, para no dejarme afectar por el boom mediático».
«Una vez me marché de Alzira, me dije: ˝Ya no soy el juez de este asunto˝. Me trasladaron a Mallorca al ascender a magistrado y lo que pasó luego no lo viví. Sólo me tocó venir cuatro veces como testigo en el juicio contra la ˝Revista de Gandia˝, pero yo nunca quise ejercer acciones ni reclamar a nadie».
Bort, el juez del caso Alcàsser, intenta desvincularse de un proceso que pasará a la historia judicial española. «Profesionalmente, cogí tablas porque la experiencia llegó en unas semanas en lugar de en unos años. Pero es como cualquier otro caso. Una vez que acabó mi trabajo, no queda nada».
Desde la distancia del que fue el «primer caso» de su vida, Bort insiste en «que las cosas que no forman parte de mi vida, no me afectan. Supongo que porque me fui a Mallorca y la distancia física ayuda. Allí no llegaba nada de lo que se publicaba en los medios valencianos y los programas nacionales de televisión no los seguía porque no me interesaban».
El fiscal jefe
Enrique Beltrán, Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia
«De una cosa tan seria se hizo un espectáculo»
por Regina Laguna
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia asumió personalmente la acusación pública contra Miguel Ricart por los crímenes de las tres niñas de Alcàsser. «Por ser un asunto de máxima gravedad, complejidad jurídica y dificultosa investigación, me lo arrogué», afirmaba años más tarde. Enrique Beltrán recuerda aquella época «con mucho agobio en cuanto al trabajo, con mucha preocupación y un gran disgusto por el llamado juicio paralelo que había en dos cadenas de televisión, donde veía que se seguían diciendo muchos disparates y yo no podía intervenir por ser el fiscal del caso. Y quizá quienes me acusaban, lo sabían y por ello abusaron». De todos los que intervinieron, fue el único que estuvo desde que se hallaron los cuerpos hasta el final.
«Terminado el juicio, me quedé tranquilo y satisfecho con la sentencia. Pero durante el juicio estuve preocupado por el espectáculo. Desde mi vivienda veía las colas de espectadores a las tres de la madrugada y la mesa del padre de una de las niñas pidiendo dinero», explica Enrique Beltrán. «Por las víctimas, me queda una gran tristeza porque de una cosa tan seria se hizo un espectáculo», añadía con tristeza Beltrán durante la entrevista realizada en 2002, en el décimo aniversario del triple crimen.
En aquel momento, Beltrán lamentaba que el caso Alcàsser no hubiese terminado y aún esperaba justicia. «Hubo un juicio pequeño por la ˝Revista de Gandia˝ y una sentencia en la que, hasta cierto punto, se me satisfizo. Pero el proceso mayor, por los 49 días de juicio en Canal 9, está pendiente y la justicia aún no me ha resarcido» [En septiembre de 2010, la Audiencia de València impuso pena de cárcel por primera vez para Fernando García por las calumnias vertidas durante la emisión de El Juí d’Alcàsser en la desaparecida Canal 9. El padre de Míriam fue condenado a indemnizar con 90.000 euros a Enrique Beltrán, así como a los guardias civiles y forenses por calumniarlos. La condena, en la que estaba incluido el autodenominado criminólogo Juan Ignacio Blanco, ascendía a 430.000 euros].
El magistrado
Mariano Tomás, presidente de la Sala que juzgó a Ricart
«Ya tiene muchos personajes este caso para que los jueces seamos protagonistas»
por Regina Laguna
Mariano Tomás siempre ha declinado realizar cualquier tipo de declaración sobre el caso, al igual que el resto de miembros del tribunal plenario que juzgó a Ricart. «La expresión del tribunal es la sentencia y ya tiene mucho anecdotario este asunto», explicaba en 2002, diez años después de los crímenes y siete después de la sentencia, para justificar su decisión. «Este caso tiene suficientes personajes como para que los jueces seamos protagonistas también. En su momento declinamos hablar porque el plenario ya fue demasiado protagonista y no quisimos entrar en la dinámica de los medios. Y seguimos igual».
Mariano Tomás y el resto de magistrados que formaron el tribunal de la sala segunda tampoco escaparon al fantasma de la conspiración y a la presión mediática del juicio paralelo. Cuando la sentencia fue confirmada en todos sus términos por el Tribunal Supremo, denunciaron a los autores de esos ataques. En octubre de 2010, Tomás rompía su silencio en una entrevista con este diario en la que explicó que durante el proceso judicial «se estaba construyendo una teoría de la oscuridad. Consideré que eran necesarios muchos taquígrafos y mucho bolígrafo. Y eso no gustó, porque el sistema es todo lo contrario. Además, en aquel juicio procedía hacerlo. Nunca había dejado antes que entraran las cámaras a mis vistas, ni nunca he concedido una entrevista. Lo único que quise es que se viera el juicio, que cuanto mayor número de personas lo vieran, mejor, y luego, que cada uno opinara lo que quisiera aunque la realidad estaba delante de todos». Esa forma de abordar la difusión de lo que ocurría dentro de la sala fue la clave para devolver luz a un caso que unos pocos intentaron (y siguen intentando) mantener en la oscuridad.
El forense
David Villalaín, médico legal de la Universitat de València
«Se llegó a pensar que una pericial era una merienda de negros y luego tuvimos proposiciones deshonestas de abogados de prestigio»
por Regina Laguna
«El levantamiento se hizo mal, como todos los que se hacen en València, aunque la investigación se hizo muy correctamente. Pero entre los padres, en concreto el de Míriam, y los medios de comunicación, un sector en concreto que vive del escándalo, liaron la cosa». Delfín Villalaín, que recogió los restos del naufragio, se mostraba así de contundente en 2002. Formó parte del equipo de médicos forenses que examinaron los cadáveres y determinaron la agonía y muerte de las tres niñas, como catedrático de Medicina Legal de la Universitat de València.
Desde su laboratorio en la Facultad de Medicina, Villalaín explicaba a Levante-EMV la prehistoria de la práctica forense en que estaba sumida esta especialidad hace 26 años. «Un levantamiento no se puede hacer con un pico y una pala, sino que se debe usar el método de los arqueólogos, levantando por capas. Aquel día se hallaron los cadáveres, pero no lo que les acompañaba. Se dio un cúmulo de circunstancias: un forense interino, los enterradores, el personal de la empresa funeraria y un juez que acababa de incorporarse a la carrera judicial fueron los ‘expertos’».
El juez nombró una comisión para garantizar los mejores medios, formada por dos forenses del juzgado y dos profesores de la Universidad, Fernando Verdú y Delfín Villalaín, además del entonces director del Instituto Anatómico Forense, Alejandro Font de Mora, hoy en las filas del Partido Popular. Los tres últimos actuaban de supervisores.
«En cuanto a las partes, hubo intereses políticos y económicos en controlar el caso. Una concejal de Alcàsser llegó un día diciendo que había que gastarse el dinero acumulado en la búsqueda de las niñas. Se les dijo a los padres que buscaran peritos». Las familias aprovecharon que Luis Frontela, de la cátedra de Sevilla, llamó al Ayuntamiento de Alcàsser para ofrecerse y le hicieron venir. Fue el detonante. Frontela se presentó con todos sus aparatos, pero sin permiso. El juez lo puso en su sitio y, al día siguiente, regresó con la autorización judicial y realizó la segunda autopsia de las tres niñas. Sin resultados reales distintos.
«Se llevó a las niñas a su laboratorio y creo que no ocultó pruebas como en aquel momento se dijo. Simplemente, se le olvidó la alfombra en su laboratorio. Es un profesor muy serio y no creo que hiciera nada para entorpecer la investigación».
De aquella época queda un amargo recuerdo para el profesor Villalaín. «Después de las niñas de Alcàsser y toda la parafernalia, durante una época tuve clientes que venían a proponerme trabajos con pruebas prefabricadas, y tuve que mandar a paseo a varios abogados de prestigio. Durante una temporada tuvimos varias proposiciones deshonestas y llegué a decir que no a una oferta de 125 millones de pesetas [751.000 euros]. Se había llegado a pensar que una pericial era una merienda de negros a raíz de lo que salió en la prensa». Una cosa quedó clara: la independencia de los peritos como una de las garantías de la ley.
El delegado
Francisco Granados, Delegado del Gobierno en València en el momento de los hechos
«Mientras no se sepa que Anglés está bajo tierra o se siente en el banquillo, no habrá sensación de que se ha hecho justicia»
por Regina Laguna
«El que escapa siempre lleva ventaja: más imaginación, más audacia y mayor ventaja física. Las reacciones que pudiera tener Anglés eran inesperadas». En 2002, el ex delegado del Gobierno en València con el gobierno socialista, Francisco Granados, descubría desde su despacho de abogado la espina clavada que le dejó la fuga de Antonio Anglés. En todo momento, estuvo informado de cada paso que daba.
El Granados delegado se dolía de que se escapara cuando le tenían cercado en Vilamarxant «a pesar de que 200 guardias civiles se emplearon a fondo». El Granados abogado revelaba la dimensión humana. «Hubo dos cosas que me marcaron. Aparte del asesinato más salvaje que recuerdo haber conocido ni siquiera en el cine, habría que expurgar mucho en la historia de España para encontrar un crimen tan brutal y despreciativo de la condición femenina».
«Queda, como tristeza insuperable, la manera en que se cometió el crimen. Y queda, como execrable, cómo se regodeó la sociedad en la carnaza del resultado de las autopsias y en los detalles de la tortura y muerte de las niñas. Y la última nota decepcionante y deplorable es que Anglés consiguiera escapar y se convirtiera en héroe a imitar por burlar a las fuerzas de seguridad». Un lamento final, el de un testigo de excepción, es el que exhalaba Francisco Granados. «Mientras no se sepa que Anglés está bajo tierra o se siente en el banquillo, no habrá sensación de que se ha hecho justicia. Este caso quedará en la memoria de la sociedad que lo vivió, que seguirá recordando el décimo y el undécimo aniversario, y los que vengan después. Somos la memoria viva, los testigos horrorizados de unos hechos sin precedentes». El tiempo le ha dado la razón.
La acusación
Luis Miguel Romero, primer abogado de Fernando García
«García quería que no se cerrara el caso y siguiera una línea que el tiempo ha demostrado que no tenía sentido»
por Regina Laguna
El entonces decano del Colegio de Abogados de València ejerció la acusación particular durante la primera época. Luis Miguel Romero Villafranca recuerda que «vino a verme Fernando García en nombre de los padres para que me hiciera cargo, recién nombrado decano. Los cadáveres de las niñas aparecieron el día antes de que yo tomara posesión. Lo llevé dos o tres años hasta que lo dejé por discrepancias con Fernando García. Él quería que se continuara sin cerrar el caso y se siguiera una línea de investigación que el tiempo ha demostrado que no tenía ningún sentido».
El decano lo recuerda como «un hecho profundamente triste y de unas reacciones desproporcionadas en cuanto a espectáculo público, consecuencia de la moda del primer reality show y la difusión de un juicio paralelo que no tuvo que existir. El tema se desenfocó y no se guardó el profundo respeto que merece el dolor de esas personas».
En una entrevista para este diario realizada diez años después del caso, Romero Villafranca se mantenía firme en su postura. «Nunca me arrepentí de haber sido independiente en mi profesión. El cliente no tiene más libertad que la de elegirme o la de dejarme. Lo demás, lo decido yo».
La defensa
Manuel López-Almansa, abogado de Miguel Ricart
«No voy a hacer valoraciones en su aniversario, cuando se trata de una cosa tan trágica»
por Regina Laguna
En 2002, López-Almansa rechazó pronunciarse sobre el caso. «Ya tuve mi actuación en aquel momento y, como entonces, no voy a entrar en valoraciones. No lo hice durante el juicio, y no lo voy a hacer ahora, cuando se trata de un aniversario, una cosa tan trágica», explicó entonces.
Manuel López-Almansa tuvo que hacer de abogado del diablo, en este caso de Miguel Ricart, el único acusado que se sentó en el banquillo y fue condenado por la muerte de las niñas de Alcàsser.
Acción popular
Virgilio Latorre, representó a la Asociación Clara Campoamor
«A través del impacto mediático se han infundado en la sociedad sospechas sobre instituciones básicas del Estado»
por Regina Laguna
En representación de la asociación Clara Campoamor, el penalista Virgilio Latorre ejerció la acción popular contra Miguel Ricart. Pese a ello, no consideraba el caso como excepcional porque «la Justicia no distingue los hechos como algo que trasciende más allá de lo que es una respuesta a un conflicto y, como tal, no reviste ningún grado de excepcionalidad».
No obstante, reconocía que «el juicio tuvo una dimensión social indudable que trascendió con mucho las salas de justicia. Este caso logró crear una socialización de la incógnita a través de los juicios paralelos».
Para Virgilio Latorre, lo más grave que ha producido el caso Alcàsser es que «en el ciudadano anida una sospecha que trasciende de lo que son los mecanismos de resolución que el Estado tiene para establecer la justicia. Y ello es porque la sociedad no tiene instrumentos para resolver los conflictos que se originan en el propio proceso, hasta extremos que aún perduran».
Otro hecho importante que destacaba del caso es «cómo, a través del impacto mediático, se han infundado en la sociedad sospechas sobre instituciones básicas en un Estado de Derecho».
[Nota: Este texto fue publicado originalmente el 10 de noviembre de 2002 y ha sido actualizado con información publicada en los siguientes años. La información ha sido elaborada con la participación de Yolanda Laguna]
