Una vida en prisión y continuar vigilado y sin capacidad económica al salir. Es el resumen del futuro que le espera al presunto asesino en serie Jorge Ignacio P. J., acusado de matar a Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas y de haberlo intentado con otras ocho mujeres más, si se le acaban imponiendo las penas que para él solicitan las familias de las fallecidas y las propias supervivientes.

La última calificación, por ahora, ya que aún falta la de la Fiscalía, en conocerse es precisamente la de la acusación particular que ejerce el abogado Juan Carlos Navarro en nombre de la hermana de Arliene Ramos, la primera víctima mortal en orden cronológico (marzo de 2019); de los dos hijos menores de edad de Lady Marcela Vargas, su segunda víctima mortal (junio de 2019); y de seis de las ocho mujeres que sobrevivieron a los letales encuentros sexuales con el investigado y han tenido la valentía de contarlo y de mantener sus acusaciones en un proceso judicial que se verá en un juicio con jurado a finales del año que está a punto de comenzar.

El escrito de conclusiones provisionales, presentado esta mañana en el Juzgado de Instrucción número 20 de València, que investiga de manera centralizada el conjunto de los delitos que se le imputan a Jorge Ignacio P. J., lo considera autor de 24 delitos, todos ellos muy graves, por los que pide dos condenas de prisión permanente revisable por los dos asesinatos consumados, 15 por cada uno de los asesinatos en grado de tentativa, ocho años por cada uno de los ocho delitos de abuso sexual y 5 por cada uno de los ocho delitos de tráfico de drogas, ya que, como el resto de las acusaciones, considera que les administró cocaína por vía vaginal y anal en contra de su criterio en un acto deliberadamente homicida.

En resumen, además de las dos penas de prisión permanente revisable, esta parte pide que se le impongan otros 184 años de cárcel que, como ya ocurriese con las calificaciones de las acusaciones de la madre y del padre de Marta Calvo (acuden por separado al procedimiento), empezarían a cumplirse una vez saldadas las anteriores.

Pero, además, Navarro incluye más penas. Por una parte, las económicas, que se componen de 530.000 euros como indemnización en concepto de daño moral (50.000 a cada una de las seis supervivientes; 50.000 a la hermana de Arliene y 90.000 a cada uno de los hijos de Lady Marcela) y 24.000 euros en concepto de multa, resultantes de multiplicar 3.000 euros por cada uno de los delitos de tráfico de drogas.

Y por otra parte, las preventivas, que se solicitan ante la posibilidad de que el tiempo de prisión no le sirviese para rehabilitarse: 10 años de libertad vigilada una vez satisfecha la prisión permanente revisable (y tras concluir también el cumplimiento de las otras penas, lógicamente) y 30 años de alejamiento de las seis mujeres supervivientes y de las familias de las dos asesinadas.

"Ánimo de dominación y machismo": agravante de género

En todos los delitos aprecia agravantes, como ya hiciera la madre de Marta Calvo en su escrito de acusación provisional, que adelantó el viernes Levante-EMV en exclusiva en su edición digital. En los asesinatos y abusos sexuales, contempla la de género, ya que, como muy bien argumenta Navarro "el acusado eligió a estas once víctimas por ser mujeres vulnerables. Se trata de mujeres que ofrecen servicios sexuales a cambio de dinero. Las contrata, engañándolas, para poder hacerlas sucumbir a sus imposiciones y ánimo de dominación y machismo, menoscabando su integridad física y psíquica".

Y, por otra parte, aprecia la agravante de reincidencia en el caso del tráfico de drogas, ya que, recuerda, cumplió cuatro años en una prisión italiana por ese delito (fue sorprendido con ocho kilos de cocaína) y, posteriormente, volvió a ser condenado a tres años por la Audiencia de Pamplona tras ser encontrado culpable de haber intentado poner en el mercado negro casi 300 gramos de cocaína.

Recuerda Navarro también que Jorge Ignacio P. J. puede ser juzgado sin ninguna traba, dado que "tras la exploración psiquiátrica, no presenta alteraciones psicopatológicas, ni padece síntomas de enfermedad mental ni deficiencia mental" y que lo único que se ha detectado en él son "rasgos de personalidad antisocial". De hecho, esta última afirmación deriva del amplio informe del psicólogo criminalista Vicente Garrido, que concluye que se trata de un caso claro de psicopatía y que la actuación del investigado encaja con el perfil de 'serial killer' o asesino en serie.

El escrito presentado hoy en el juzgado recoge, de manera pormenorizada y en tiempo cronológico, los encuentros con cada una de sus once víctimas conocidas (las tres fallecidas y las que se han atrevido a denunciar), donde se describe su modus operandi, que se basaba en quedar precisamente con ellas y no con otras por su especial vulnerabilidad, ya que al ser mujeres prostituidas se aseguraba tener acceso a sus cuerpos desnudos para aplicar lo que considera su "arma letal", esto es, la cocaína administrada en las mucosas vaginales y anales para potenciar y agilizar su efecto letal. Algo que, además, le permitía "asegurarse la no resistencia de la victima" y "eliminar su capacidad defensiva, cognitiva y volitiva al introducirle sustancia toxica".

Eso sí, "durante el encuentro, el acusado mantiene sus facultades mentales intactas para proceder a la intoxicación de las mujeres, engañándolas y haciéndoles creer que ha consumido cocaína o alcohol", que nunca probaba. Es más: "En algunos casos, y previo a la introducción de la cocaína en el cuerpo de las mujeres, utiliza algún tipo de sustancia que vierte en una copa de alcohol, a escondidas de las mujeres, con objeto de que éstas, confiadas, la ingieran sin conocer la existencia de esta sustancia tóxica, y de esta forma se asegura mermar las capacidades defensivas de las victimas". Ese patrón se reprodujo principalmente con aquellas que se negaban a consumir cocaína, una de las imposiciones del presunto asesino en serie cuando concertaba las citas.

"Disfrutaba viéndolas agonizar"

Navarro incide en que este "ritual sexual" lo ponía en práctica "conociendo la alta probabilidad de que pudiera producir la muerte y aceptándola", dado que su motivación última era "disfrutar viéndolas agonizar", afirmación que sustenta en que nunca hizo nada por ayudar a ninguna de las mujeres conforme iban produciéndose cada una de las complicaciones físicas derivadas de la intoxicación y que continuó realizando lo mismo una y otra vez (hasta once, que se sepa) a pesar de la primera e incluso de la segunda muerte, hasta llegar a la de Marta Calvo. Es más, recién muerta la joven de Estivella, y estando aún junto a su cuerpo en la casa de Manuel, llamó a tres mujeres con una diferencia de minutos para volver a contratar otra "fiesta blanca".

Para Jorge Ignacio P. J., las mujeres eran "meros instrumentos" y su ansia era la de sentir "ese estado de dominio sobre la victima desnuda y desvalida, presenciando la reacción el cuerpo indefenso para producirle disfrute y gozo".

En esa conducta se repite otro hecho: "Actúa siempre para ejecutar su plan en la clandestinidad, e intimidad, sin testigos, y eliminando las pruebas o utilizando para los encuentros identidades falsas, con objeto de no ser descubierto, sirviéndose de un método que camufla su etiología en accidental o imprudente"

De cara al juicio, la acusación particular ejercida por Juan Carlos Navarro pide la comparecencia de 71 testigos, entre ellos todas las supervivientes, pero también la madre del acusado, y 43 peritos, entre ellos los médicos forenses, los autores del informe instado por esta acusación particular, así como policías científicos y guardias civiles de Criminalística o personal del Instituto Nacional de Toxicología.

Además, insta a que "se proceda a la inmediata apertura de pieza separada de responsabilidad civil, requiriendo al acusado a fin de que presten fianza en cuantía suficiente para asegurar las responsabilidades pecuniarias que deriven de la presente causa", para que se le intervengan propiedades, salarios o cualquier otro bien mueble o inmueble con el fin de que pueda afrontar cuanto antes el pago de las indemnizaciones y multas exigidas.