El Gobierno ocultó la semana pasada al grupo parlamentario socialista la existencia de un acuerdo con el Ayuntamiento de Valencia sobre el plan del Cabanyal. En una escueta respuesta parlamentaria fechada el 17 de junio al diputado socialista por Valencia José Luis Ábalos, el Ejecutivo informa de que «se está trabajando con el Ayuntamiento de Valencia para llegar a un acuerdo y buscar una solución» para el barrio del Cabanyal.
Esta fue la respuesta que dio el Gobierno a la oposición justo un día después del acuerdo político alcanzado entre Rita Barberá y el ministro de Cultura, Ignacio Wert, que lleva fecha del 16 de junio.
Rita Barberá difundió la versión definitiva del acuerdo el pasado martes, aunque el anuncio del pacto político lo hizo el viernes 20 de junio. La regidora se vio forzada a mostrar el acuerdo con Cultura después de que Wert rehusara aclarar su posición sobre el Cabanyal en la comisión de Educación del Congreso de este martes. Al difundir el acuerdo, Rita Barberá contrarrestaba las críticas de los grupos de los grupos de la oposición (PSPV, Compromís y EU) que habían puesto en duda la existencia del mismo.
Los socialistas calificaron de cortina de humo la adaptación del plan del Cabanyal propuesta por la alcaldesa que pasa por reducir los derribos (de 1.600 a 1.000) en el Bien de Interés Cultura y por salvar la Lonja de pescadores.
La pregunta del diputado socialista sobre el Cabanyal dirigida a la mesa del Congrego fue registrada el 27 de mayo pasado. En la misma, Ábalos preguntaba si al Ejecutivo le constaba «si el Ayuntamiento de Valencia, en cumplimiento del acuerdo del consejo de ministros del 31 de octubre de 2013, había adaptado el Pepri del Cabanyal de acuerdo con la Orden del Ministerio de Cultura de 2009». Orden que, recuerda Ábalos, tiene «plena vigencia».
El citado acuerdo suponía la retirada del recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno presentó contra la ley de la Generalitat que intentó blindar el plan del Cabanyal. La Generalitat, por su parte, retiraba dicha ley con la que respondió a la orden de 2009 del anterior gobierno socialista que declaraba expolio del patrimonio histórico el plan del Cabanyal y la prolongación de Blasco Ibáñez. El ayuntamiento por su parte se comprometía a adaptar el plan urbanístico a la orden ministerial para preservar los valores histórico-artísticos del barrio.