El Ayuntamiento de Valencia aprobó ayer en la Junta de Gobierno Local la nueva instrucción sobre contratación pública responsable, que blinda la inclusión de cláusulas de tipo social, medioambiental, innovación o lingüísticas en los procesos de licitación pública. Este reglamento desarrolla lo que ya venía reflejado en la ley estatal 9/2017 de Contratos del Sector Público, aunque el consistorio también podrá estipular «condiciones especiales de tipo social y/o medioambiental» que serán de obligado cumplimento, es decir, no formarán parte de los criterios de baremación
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El concejal de Govern Interior, Sergi Campillo, explicó ayer que esta instrucción tendrá «mucho impacto» en la contratación pública y abre «posibilidades inmensas» para que la Administración local desarrolle al máximo la licitación responsable de los contratos, «lo que nos permitirá realizar verdaderas políticas públicas, pues quienes opten a los contratos han de saber que estarán actuando como un servicio público, con todos los criterios que implica», señaló el edil de Compromís.
Aunque el Ayuntamiento de València ya venía aplicando cláusulas de tipo social o medioambientales, el desarrollo de esta instrucción regula ya de forma clara cómo desarrollar estos requisitos que serán obligatorios para todos los servicios municipales. Además se ha creado una guía para facilitar el trabajo de los funcionarios.
En la práctica, estas cláusulas permitirán, por ejemplo, exigir a las empresas cumplir criterios de igualdad de género en la plantilla, la condición de reservar una serie de plazas a la inserción socio-laboral o personas procedentes de los servicios públicos de empleo; también en los casos que corresponda se exigirá contar con productos de comercio justo, o alimentos de proximidad; y en otros casos estipulará el cumplimiento de criterios sostenibles o medioambientales.
También, y como prevé la ley, las empresas que operen en paraísos fiscales serán excluidas de la contratación pública o aquellas que hayan sido condenadas en algún caso de corrupción.
Las cláusulas sociales no solo afectarán a las empresas ganadoras de los concursos públicos, sino también las deberán aquellas que sean subcontratadas, y además tendrán un «verificador» asociado antes de la adjudicación de contratos para acreditar que cumplen con estos requisitos.El precio ya no será todo
Pero la nueva instrucción, además, cambia la filosofía de la contratación pública. El criterio económico será «proporcionado», es decir, no solo pesará la mejor oferta económica, sino también la calidad técnica, social y medioambiental. El concejal Campillo, y en una mera aproximación, asegura que en el 90 por ciento de las adjudicaciones actuales gana la compañía que más rebaja el precio de licitación. Además, ahora el precio no supondrá más del 50 por ciento de los puntos totales de la licitación.
