La depuradora de Pinedo no se cerrará, como exige desde 2016 una sentencia que ganaron los vecinos que sufren continuas molestias por la instalación, porque el daño medioambiental sería mayor que el beneficio de cerrar las instalaciones. Así lo ha decidido la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) declara en un auto hecho público ayer la imposibilidad de ejecutar la sentencia de 2016 que ordenaba el cierre de la fase III de la depuradora al carecer de licencia municipal y que fue ratificada por el Tribunal Supremo el 21 de mayo de 2018.
Los magistrados adoptan esta decisión a la vista de los informes aportados por el secretario autonómico de Medio Ambiente en 2018, Fran Quesada, y del Ayuntamiento de València en el que advierten de «los graves perjuicios ambientales que e incumplimientos de la legislación que acarrearía el cierre de la actividad de la depuración de aguas residuales realizada en la fase III de la depuradora, interrelacionada con las fases I y II, que resulta clave en el tratamiento de las aguas residuales que da servicio a más de un millón de personas de la ciudad de València y su área metropolitana».
Cerrar Pinedo, aseguran, «comportaría un episodio crítico de contaminación, al propiciar el vertido de 70 Hm3 anuales de agua con una contaminación media en DB05 (la demanda biológica de oxígeno que se usa para medir el grado de contaminación) de 176 mg/l», siete veces más de lo permitido. Unos vertidos que tendrían una afección directa en las playas de València y en la Albufera.
Compensación a los vecinos
Para resarcir de algún modo el perjuicio ocasionado al vecindario de Pinedo por el mantenimiento de la depuradora, la Generalitat ha previsto un plan de inversiones de 25 millones de euros destinados a medidas de todo tipo, como cubrir las salidas de la depuradora para evitar los malos olores ocasionados, así como un plan inmobiliario para la rehabilitación del barrio.
También se baraja la posibilidad de incluir medidas de exenciones fiscales para eludir al vecindario del pago del IBI.