Las 150 viviendas aisladas, vacías (y muchas ocupadas) del Cabanyal propiedad del Ayuntamiento de València cuya subasta lleva meses paralizada no es la única intervención sobre el castigado patrimonio inmobiliario de este barrio pendiente de una decisión política. El proceso de regularización de cientos de viviendas construidas en suelo público de primera línea de playa, en la franja comprendida entre las calles Doctor Lluch y Eugenia Viñes y Ballester Gozalvo, impulsado por el Ayuntamiento en 2017 para frenar la especulación creciente en el barrio también lleva meses atascado. Todo para desesperación de los vecinos cuyas casas se han salvado del derribo tras la derogación del proyecto de prolongación de Blasco Ibáñez pero que no pueden llevar a cabo su rehabilitación.
De los más de 160 solicitudes de regularización que se han presentado en la concejalía de Patrimonio, solo se ha resuelto una en el conjunto de viviendas de Pavimar, construidas hace un siglo por las familias de los pescadores de este barrio marinero. Entre los afectados estaría la familia del conseller de Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, propietaria de una de estas viviendas bajas de tipología modernista, situadas en la privilegiada primera línea de playa.
El proceso de regularización de las viviendas comprendidas en la primera franja de costa de los barrios del Cabanyal y la Malva-rosa, que incluye inmuebles patrimoniales como la Lonja de Pescadores y la Casa dels bous, arrancó en mayo de 2017 cuando la entonces concejala de Patrimonio y actual asesora del citado conseller, María Oliver, de Unidas Podemos, inició un proceso de regularización de estas casas, cuya concesión había caducado en 2007. La idea era regularizar bien mediante la venta del suelo a los antiguos concesionarios o bien mediante la reversión de las propiedades, acompañado todo de un proceso de recuperación urbana que evitase la degradación del barrio, la ocupación de casas y el perjuicio a las actividades económicas.
El suelo de las viviendas se vendería a los concesionarios a un precio módico, entre 300 y 600 euros el metro cuadrado, un precio de protección pública aplicable a primeras viviendas que obligaría a los compradores a no vender las propiedades en 10 años para evitar la especulación. Cifras de venta muy alejadas de los precios astronómicos que alcanzan las viviendas de renta libre en el barrio en estos momentos. Justo al lado de las casas bajas de tipología modernista a regularizar de la calle Astilleros se vende una nueva promoción de viviendas a partir de 240.000 euros.
Ventas a precios de VPP
El ayuntamiento dio preferencia al conjunto de viviendas de Pavimar, ubicado frente a la Lonja de Pescadores, justo en la línea de derribos de la prolongación. En la Lonja viven cerca de 40 de familias, que también esperan una solución por parte del ayuntamiento para regularizar sus propiedades. Un proceso que llevará tiempo, como admiten fuentes del consistorio, porque la antigua cofradía de la Marina Auxiliante ha recurrido en el contencioso la reversión del edificio al Ayuntamiento una vez vencido el periodo de concesión. Los propietarios se quejan de la inseguridad que les genera encontrarse en un limbo urbanístico que les impide acometer mejoras en sus casas ante la incertidumbre sobre el futuro. Junto con las solicitudes de compra del suelo los vecinos han tenido que aportar documentos que prueban su propiedad, un proceso complicado dado el tiempo transcurrido y los cambios de propiedad habidos.
Los terrenos sobre los que se levantaron estas viviendas formaban parte del dominio público marítimo-terrestre. Hace más de un siglo los pescadores del Cabanyal y varios particulares obtuvieron una concesión por parte de la Corona para construir pequeñas cabañas, almacenes de aperos e industrias (como unos astilleros o la fábrica de hielo, reconvertida ahora en local de ocio).
El Ministerio de Obras Públicas transfirió en 1990 al ayuntamiento la propiedad de estas concesiones que se habían quedado ya fuera la línea de costa. Los vecinos temen quedarse sin sus casas, de ubicación privilegiada en un barrio del frente marítimo cada vez más de moda que no escapa a la escalada de los precios tanto en las viviendas de alquiler como en las de venta a pesar de los problemas de convivencia, droga e incivismo enquistados en algunas calles del barrio.