La detención este jueves del ya ex subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio (PSPV), y el exvicealcalde de la ciudad Alfonso Grau (PP) por un presunto cobro de mordidas durante la segunda operación policial del caso Azud ha puesto el foco sobre la operación urbanística del PAI del Grao, una bolsa de suelo de ubicación estratégica en la fachada marítima por la que un conglomerado de empresas valencianas denominado Acinelav, entre las que estaba Valencia Constitución (Jaime Febrer) pagó en 2006 la astronómica cifra de 300 millones de euros. Una operación millonaria fraguada en el boom de los grandes eventos y la Copa del América ahora bajo sospecha por un posible reparto de mordidas o comisiones de las empresas a los responsables políticos, entre ellos, el entonces todopoderoso vicealcalde y hombre de confianza de Rita Barberá, y Rafa Rubio, entonces portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València.
Acinelav pagó 300 millones por los 103.000 m2 propiedad de la empresa de hidrocarburos CLH en el PAI del Grao, uno de los sectores urbanizables previstos en el PGOU de 1988, que tres décadas después está aún por desarrollar y lastrado por las cargas urbanísticas, entre ellas el circuito de F1 y el soterramiento de las vias. Pero el primer gran lastre del sector eran los depósitos de CHL en desuso. El ayuntamiento y la compañía firmaron en 2005, con Rita Barberá al frente del consistorio, un convenio para el desmantelamiento de los depósitos y la descontaminación de los suelos, una operación que asumió CLH. El ayuntamiento por su parte recalifícó los suelos industriales que pasaron a ser de uso residencial y terciario.
Liberado de los tanques de combustible los terrenos del Grao, donde también tiene suelo ADIF, empezaron a cotizar al alza, como así se vio en la subasta convocada por CLH en la que Acinelav pagó 300 millones de euros. Una suma millonaria por unos terrenos, que han sido objeto de varios concursos de ideas y propuestas de ordenación, la última presentada en 2018 en la época de Rafa Rubio como coordinador de Urbanismo del ayuntamiento, sin que ninguno haya llegado a puerto,
Con la crisis inmobiliaria y el pinchazo de la burbuja Acinelav Inversiones entró en concurso de acreedores y sus activos pasaron a manos dela Sareb. En 2017 fueron adquiridos por el fondo de inversión Hayfin y Atitlan, que optan a convertirse en urbanizador y desbloquear este controvertido sector, ubicado además al lado del PAI de Moreras, otro de los sectores bajo sospecha de cobro de mordidas en la operación Azud.
Acinelav (Valencia al revés) estaba liderada por Bancaja (posteriormente Bankia y ahora CaixaBlak) y Lubasa, y en menor porcentaje por Valencia Constitución, Gesfesa (Rafael Ferrando), Pavasal (familia Quesada),Planea Gestión del Suelo y Salvador Vila.
