El Ayuntamiento de València ha denegado a un jefe de sección adjunto a una jefatura de servicio la solicitud de asistencia jurídica en el caso Azud, que investiga una presunta trama corrupta de mordidas y regalos a cambio de favores urbanísticos en València y otra decena de ayuntamientos. Por esta causa siguen en prisión desde que ingresaron el pasado 15 de mayo el exvicealcalde de València, Alfonso Grau, y el empresario inmobiliario Jaime Febrer.
El funcionario al que se le ha denegado la asistencia jurídica por parte del Ayuntamiento de València la solicitó por registro de entrada el 21 de junio. En su escrito pedía al consistorio del Cap i Casal que se le designara un letrado para que lo representara en las «Diligencias previas declaradas secretas 726/2017», en referencia al caso Azud, «que se tramitan en el Juzgado de Instrucción 13 de València».
Aunque antes tuvo que volver a plantear la petición a través del «órgano superior o directo de quien dependa el empleado» para «proponer razonadamente al ‘advocat’ de la ciudad la representación y defensa que se solicita», según el Reglamento Orgánico y Funcional de la Asesoría Jurídica, precisamente aprobado definitivamente en el pleno del pasado 27 de mayo.
Tras cumplimentar el mero trámite de que se tramitara su petición, el funcionario relata en un escrito que fue citado a declarar por los agentes del grupo de delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y por el Juzgado de Instrucción y la Fiscalía Anticorrupción, pero no aclara en calidad de qué compareció. «Aunque de momento las diligencias sean secretas, puede levantarse el secreto en cualquier momento, ser imputado o no, y tener un breve plazo para alegar lo que resuelva la magistrada del Juzgado de Instrucción 13 de València en defensa de mis derechos». Casi con toda seguridad este funcionario habrá comparecido ante los investigadores del caso Azud en calidad de investigado. Una condición jurídica de la que es informada cualquier persona que es citada a declarar en una instrucción judicial.
Sea como sea, la Asesoría Jurídica Municipal del Ayuntamiento de València ha respondido al funcionario que «no procede acceder a la asistencia jurídica interesada». La resolución, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, también añade que «la instrucción penal [del caso Azud] en cuanto dirigida a diversos funcionarios [del Ayuntamiento de València] podría suponer la existencia de intereses contrapuestos entre ellos». Y ésta es, precisamente, una de las causas por las que «no se puede llevar a efecto la representación y defensa en juicio por la Asesoría Jurídica Municipal».
No es el único funcionario investigado en el Ayuntamiento de València, aunque sí es el único que ha solicitado asistencia jurídica al consistorio, por ahora. Durante el mes de julio, en una semana maratoniana, comparecieron ante el Juzgado de Instrucción 13 de València y el Fiscal Anticorrupción, que investigan el caso Azud, una cuarentena de funcionarios del Ayuntamiento de València y trabajadores de diferentes empresas, según confirmaron a Levante-EMV fuentes de las defensas.
Todos comparecieron en calidad de investigados por su relación con los contratos y favores urbanísticos investigados en esta causa. El caso Azud se inició en 2017 a raíz de una denuncia de la Agencia Tributaria, que derivó en la investigación y detención del cuñado de Rita Barberá, el abogado José María Corbín, en una primera operación policial efectuada en 2019 por la Unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil. Dos años después, el 13 de mayo de 2021, una segunda actuación policial acabó con la detención del exvicealcalde y concejal del PP en València (1995-2015), Alfonso Grau, y el exportavoz socialista en el consistorio del Cap i Casal, Rafael Rubio.