La sección de Servicios Públicos de UGT ha presentado un recurso al Trigunal Administrativo Central de Recursos Contractuales denunciando la redacción del Contrato de Gestión, Limpieza, Mantenimiento y Conservación de los Espacios Ajardinados y Arbolado Viario de la Ciudad de València, cuya licitación está ahora mismo en marcha.
El motivo de la acción jurídico-administrativa se basa en unos términos de redacción que parecen irrelevantes, pero no lo son: expresarse, en las condiciones salariales, la aplicación del convenio sectorial o el convenio de la empresa. Lo que llevaría a una posible mengua en las retribuciones de los trabajadores en el caso de aplicarse el primero de ellos.
Los pliegos utilizan indistintamente la acepción “convenio sectorial” y “convenio aplicable”, resultando que en la actualidad las empresas adjudicatarias de cada uno de los lotes cuentan con su propio convenio y este sindicato considera que en la salvaguarda de los derechos de los trabajadores que vienen prestando el servicio actualmente, así como los que pudieran incorporarse una vez adjudicado el contrato se debe subsanar tal literalidad que podría dar lugar en el futuro a interpretaciones espúreas para los trabajadores, así como errores de cálculo para los licitadores. Así, en el pliego de condiciones administrativas se debe modificar la alusión al convenio sectorial y sustituir esta expresión por la del convenio aplicable, pues como se ha adelantado existen convenios propios desde hace muchos años en el servicio que ahora se oferta.
La actual redacción hará que las licitadoras formalicen el cálculo de los costes laborales utilizando, tal como se dice en el pliego, un convenio colectivo sectorial de jardinería, cuyos elementos salariales y retribución globales son inferiores en tablas retributivas a los convenios colectivos de empresa aplicables.El sindicato no solicita la paralización del proceso, sino que se lleve a cabo una rectificación del pliego, eliminando las referencias a los convenios sectoriales y refiriéndose a las condiciones que tienen los trabajadores en sus propias empresas y haciendo publicidad expresa del cambio.
En la actualidad, la prestación del servicio la llevan a cabo las empresas Agricultores de la Vega, Fobasa y FCC. El sindicato, que es mayoritario entre los trabajadores afectados por el contrato que sale a licitación, considera que podría concularse la normativa laboral «y ser contrario a los principios inspiradores de la contratación pública».
