La Fiscalía pide una pena global de 130 años de cárcel e indemnizaciones por daño moral por importe de 340.000 euros para el presunto asesino en serie Jorge Ignacio P. J., acusado de tres muertes violentas —las de Marta Calvo, Lady Marcela Vargas y Arliene Ramos— y de ocho ataques sexuales a otras tantas supervivientes a encuentros con el investigado.
La fiscal asignada al caso no acusa de asesinato, como han hecho las acusaciones particulares, cuyos escritos de calificación provisional adelantó en exclusiva Levante-EMV, sino que se mantiene en homicidio a pesar de que sí considera que Jorge Ignacio P. J. actuó como un delincuente serial y que, sobre todo a partir de la primera muerte, la de Arliene Ramos, ocurrida el 3 de abril de 2019 tras permanecer nueve días en coma, desde que se citó con el acusado, el 25 de abril, sabía las consecuencias letales de su modus operandi.
Por esa razón, tampoco solicita, como las acusaciones, la pena de prisión permanente revisable (la ley la reserva solo para el delito de asesinato, y siempre que concurran determinadas circunstancias), si bien es cierto que la representante del Ministerio Público podría cambiar esa calificación provisional y acusar de asesinato en el juicio, en función de cómo transcurran la vista oral.
Sin cadáver y sin autopsia
Tratándose de un escrito de acusación pública, hay que destacar dos hechos muy relevantes. La fiscal ha mantenido la existencia de tres homicidios a pesar del escollo que supone no tener el cadáver de una de las víctimas, Marta Calvo, y carecer de autopsia como tal en otra, la de Arliene Ramos.
En este último caso, la Policía ni siquiera lo investigó como un homicidio y fue derivado a una comisaría de distrito porque en un primer momento el forense solo apreció que la muerte era por sobredosis de cocaína, sin valorar (eso se supo después) cuánta droga había y en qué circunstancias llegó a su cuerpo. En ese escenario, la familia autorizó la donación de órganos (los días en coma aumentaron, de hecho, a la espera de esa autorización) y el juzgado, la incineración.
Así, cuando el tiempo y la desaparición de Marta Calvo revelaron la verdadera naturaleza de esa muerte violenta, ya no se podía recurrir a una segunda autopsia. Pero, se cuenta con el dictamen del Instituto Nacional de Toxicología, que igualmente revela la presencia de cocaína muy pura incluso en las muestras tomadas poco antes de su desconexión para dar paso a la extracción de los órganos.
Y, en el caso de Marta Calvo, la Fiscalía cita numerosa jurisprudencia que permite juzgar, condenar y casar esa condena en firme aunque no se haya podido recuperar el cadáver de la víctima. Así, entre otras, menciona la condena por homicidio, en Castelló, de Emilio Pellicer, alias El Petxina, y de su socio y cómplice por matar y quemar hasta la destrucción total el cuerpo desmembrado de un ingeniero de IBM, Enrique Benavent, en junio de 1991.
El cómplice confesó que luego se deshicieron de los últimos restos enterrándolos en la parcela de la casa de El Petxina, que a partir de ese momento pasó a llamarse «el jardín de los horrores», porque, buscando a Benavent, la Guardia Civil se topó con cientos de restos óseos —y hasta un coche fúnebre entero—, debido a que ese lugar había sido aterrado años antes con camiones procedentes de un antiguo cementerio.
Abuso sexual y cocaína pura
En todo caso, la fiscal establece el modus operandi manteniendo que, en todos los casos, el delito sexual fue el medio para poder alcanzar el otro objetivo, o bien la muerte de su víctima, como sucedió con Marta, Arliene y Lady Marcela, o bien su daño físico extremo, como ocurrió con las otras ocho documentadas.
Por esa razón, acusa de once delitos de abuso sexual en concurso medial con el de homicidio, en tres de los casos, y con el de lesiones, en los otros ocho. Y pide 15 años por cada uno de los tres más graves y 10 por cada uno de los otros ocho. En total, 125 años de cárcel.
Los abusos: el inicio del ataque
La acusadora pública agrega, como ya hicieron antes las acusaciones particulares, con la de la madre de Marta Calvo a la cabeza, que la cocaína era el medio para conseguir su fin. Y explica que el arma no era tanto el método de administración de esa droga, que realizaba por vía genital y sin el consentimiento de sus once víctimas conocidas, sino la brutal pureza observada a partir de los restos de droga, superior al 85 %.
Aunque la Guardia Civil no ha logrado averiguar de dónde la obtenía, esas purezas solo se dan en las pastillas de cocaína (y en escasas ocasiones) recién llegadas desde las fábricas y laboratorios selváticos en Suramérica, lo que significa que tenía acceso a partidas procedentes de grandes cargamentos que solo unos pocos narcos pueden gestionar, dado el volumen de dinero que es necesario para poner en marcha una operación de este tipo.
Por esa razón, además, le imputa un delito de tráfico de drogas, por el que pide otros cinco años de cárcel. En total, 130 años de prisión, a la que se suman las indemnizaciones por el daño moral causado: 90.000 euros para los padres de Marta Calvo (45.000 para cada uno); 22.000 para la hermana de Arliene; y 180.000 para los dos hijos menores de edad de Lady Marcela (90.000 para cada uno); así como 6.000 para cada una de las ocho supervivientes que constan en este proceso, lo que eleva en otros 48.000 euros más la cuantía a pagar por las repercusiones emocionales. En total, 340.000 euros.
