Un grave problema de las administraciones valencianas ha sido la presencia de una jerarquía fascistoide que promueve la sumisión con ascensos y en ocasiones penaliza el buen trabajo, entendiéndose este al constitucionalmente establecido. Tanto ha perdurado dicha situación que la indisciplina se ha asociado a no aceptar irregularidades o presuntas ilegalidades. «No quiero problemas con los jefes» o «los que se negaron mira en qué situación están», son típicas frases que han conducido a una administración de títeres debido a la indefensión del funcionariado frente a abusos de poder, prevaricación política y otros tantos atropellos. La crisis posiblemente fue el detonante para la transparencia y el buen hacer en las Administraciones, pero décadas de irregularidades actúan como tren con la frenada echada, una inercia que sigue más por costumbre que por intención. Y así se corrobora con cursos de informática „sufragados con las nóminas de los funcionarios„ donde la dirección comunica que podrá asistir personal de empresas privadas que trabajan para la GVA, un nefasto paternalismo con tintes de presunta ilegalidad ya sea por competencia desleal a empresas no adjudicatarias como por tráfico de influencias entre otras cosas. Si se anula tal anomalía, lo lógico sería que también dimita quien la ha promovido para evitar que siga patinando en la vía de la legalidad. Benedicto Torres. Valencia.
