Estoy alucinado con la noticia que a falta de un día para que concluyera el plazo, la Conselleria de Vivienda ya había recibido 2.214 solicitudes para optar a las ayudas de alquiler, más del doble del total de subvenciones otorgadas durante todo el año pasado (1.074). Si la conselleria destina 7,9 millones y la ayuda consiste en subvencionar el alquiler durante 2016 en hasta un 40 %, con un máximo anual de 2.400 euros, nos sale un total de 40.000 familias, entre las que, por primera vez, afectados por los desahucios, jóvenes menores de 30 años, familias monoparentales, personas con diversidad funcional, víctimas de violencia de género y jóvenes extutelados por la Generalitat Valenciana tendrán prioridad.
Como ciudadano que tengo el defecto de hacer cuentas, no me sale, a no ser que de la cantidad destinada se pierda mucho en sueldos y otras cosas. La frase política para sacar pecho: «Queremos que las ayudas lleguen a quienes las necesitan. Que los vecinos recuperen la confianza porque nosotros sí vamos a pagar en tiempo y forma», explicó la consellera de Vivienda, María José Salvador, cuando anunció las ayudas.
Por otro lado se dice que los colectivos más vulnerables tendrán prioridad, lo que no significa que las ayudas se queden ahí, ni mucho menos. Los ingresos totales de los miembros que viven en la casa no podrán ser superiores a tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que se traduce en desde 22.300 euros anuales para una «unidad de convivencia» formada sólo por una persona, a 47.000 con dos adultos y dos menores. Por esta regla de tres, estoy convencido que la mitad de los ciudadanos podremos optar a la ayuda, pues hay muchos jubilados cuyo sueldo familiar no supera los 20.000 euros anuales y les corresponde pagar en la declaración de Hacienda. Enrique Fernández Iniesta. Valencia.
