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Un dictamen del Síndic de Greuges insta al Ayuntamiento de Castelló a intervenir para atajar las molestias por ruido que genera la actividad de la casa de acogida de mujeres después de que el consistorio y tres consellerias hayan eludido durante meses la responsabilidad trasladándose entre ellos la responsabilidad.

La reclamación en cuestión, interpuesta por vecinos colindantes, denunciaba que la actividad de este espacio público "genera un ruido totalmente insoportable y que pese a haberse dirigido a esa administración para que se adopten las medidas pertinentes para eliminar, o al menos disminuir el ruido meritado, hasta la fecha no ha obtenido respuesta alguna".

El ayuntamiento, la Conselleria de Bienestar Social, la Conselleria de Administraciones Públicas, la Conselleria de Gobernación... Las cuatro instituciones han delegado responsabilidades entre ellas y finalmente el Síndic de Greuges ha resuelto que el ayuntamiento está obligado a garantizar el respeto de los límites de contaminación acústica marcados por la legislación valenciana y abrir el correspondiente expediente sancionador.

Esta resolución, emitida el pasado 18 de noviembre, advierte que las molestias acústicas, tal como ha ratificado el Tribunal Constitucional, "generan perniciosas consecuencias para la salud de las personas, afectando gravemente a su calidad de vida".

Además, el Síndic concluye que sus investigaciones ponen en evidencia que la actividad "no cumple con la normativa en materia de protección contra la contaminación acústica y, además, no consta actuación alguna de la Administración local dirigida a prevenir y sancionar esta conducta en el marco de su competencia".

Según el dictamen, "el citado establecimiento viene incumpliendo el umbral de contaminación acústica permitido, en consecuencia, su funcionamiento no está debidamente autorizado, lo que significa que el Ayuntamiento de Castelló de la Plana no puede inhibirse de su control, y ello con mayor razón si tenemos en cuenta que las autorizaciones ambientales tienen naturaleza reglamentaria u operativa".

El Síndic concedió al ayuntamiento un plazo máximo de un mes para responder si acepta la recomendación o para argumentar los motivos para no aceptarla.

Según confirmaron ayer fuentes municipales, la concejalía de Medio Ambiente ha tomado nota de la recomendación del Síndic de Greuges y ha iniciado el protocolo habitual en estos casos, que consiste en una inspección ocular de la Policía Local y una posterior medición técnica.

Por lo pronto, el proceso se encuentra en marcha y el objetivo es constatar si existe un incumplimiento de los límites de ruido.