Cinco días después de anunciarse que el Gobierno suprimía la subvención a las concesionarias de las autopistas y que estas aumentaban el precio de los peajes en un 7,5%, la Generalitat ha reconocido su postura oficial ante esta medida. Según reconocieron fuentes de la conselleria de Infraestructuras, se trata de una medida "que puede ser impopular. Pero el Gobierno central no está para tomar medidas populares sino para hacer lo posible para salir de la crisis".

El decir, el Consell acepta el incremento en el precio de los peajes que ha ordenado el Estado aunque, según subrayaron las mismas fuentes de Infraestructuras, "seguiremos reclamando que en 2019, cuando concluya la concesión, la AP-7 se liberalice".

La postura del Consell ante el encarecimiento de la única autopista que cruza de norte a sur la Comunitat Valenciana contrasta con la del Govern catalán, quien el sábado, un día antes de que empezase a aplicarse el incremento, acusó a Mariano Rajoy de deslealtad institucional por no haber avisado de la aprobación de un aumento del 7,5% de los peajes. La vicepresidenta de la Generalitat catalana, Joana Ortega, destacó que el anuncio de la subida "demuestra que cada viernes hay unas medidas que castigan a Cataluña y que van en contra de lo que necesita el país".

No sólo el gobierno catalán ha reaccionado en contra de la medida. El domingo, cuando ya se estaban aplicando los nuevos precios, diversos conductores insumisos protagonizaron una sonora protesta contra el pago de la AP-7 con la que lograron paralizar el tráfico en el peaje de Mollet (Barcelona) y generando importantes colas. En la Comunitat Valenciana aún no se ha registrado reacciones similares.

Uno de los colectivos más afectados por esta medida es el de los transportistas, quienes ayer alertaron de que el encarecimiento de los peajes, unido al de los combustibles y la aplicación del aumento del 3% del IVA a partir de septiembre, puede impedirles incluso cubrir los costes de su negocios, lo que les obligará a subir sus tarifas.

Así lo señalaba, por ejemplo, Juan José Gil, de la Federación Nacional de Asociaciones de Transportes, quien destacó que el caso de los transportistas valencianos es peor ya que no tienen más opción que circular por la AP-7 para llevar productos, sobre todo vegetales, hacia Europa. También desde la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte (FVET) calificaron la subida de "perjudicial".

Por su parte, desde la Asociación Empresarial de Transporte de Viajeros de Valencia, su secretario Joaquín Tarazaga reconoció que tanto las líneas regulares como las discrecionales que usen la AP-7 tendrán que subir sus tarifas para compensar el incremento de los peajes. "Podían haberse esperado a septiembre y unirlo a la subida del IVA. No se le puede estar castigando al consumidor todos los meses".