La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha apostado por que el pago pendiente de las plantas desalinizadoras proyectadas en Castellón «no corra a cargo» de los cinco ayuntamientos afectados dado que éstos, ha dicho, «no pueden asumir los costes». Bonig, en un acto sobre reciclaje en Castelló, se pronunció así sobre el dinero que deben pagar Orpesa, Cabanes, Benicàssim, Moncofa y Xilxes a Acuamed por las dos desalinizadoras proyectadas en la provincia durante el gobierno socialista.
Según el convenio de amortización que se firmó en 2008, se contemplaba el pago de más de 100 millones de euros entre los cinco municipios en 25 años. La consellera explicó que se trata de un problema «heredado» por el que se invirtieron 400 millones de euros en la Comunitat Valenciana en desalinización.
Bonig opinó que estas infraestructuras no pueden mantenerlas los ayuntamientos, y precisó que si no se llegan a poner en marcha había que devolver a Europa el dinero concedido en concepto de ayudas. «Lo que está claro es que los ayuntamientos no pueden asumir ese coste», sentenciado Bonig, quien puesto como ejemplo la localidad de Xilxes, que, con un presupuesto anual de 3 millones de euros, se vería obligada a abonar un millón de euros anuales por el mantenimiento de la infraestructura. Por ello, dijo la consellera, el Ministerio de Medio Ambiente está estudiando posibilidades para acabar la infraestructura y ponerla en marcha, pero a través de otros mecanismos para que el pago no corra a cargo de los Ayuntamientos y ciudadanos de esos consistorios. Entre las alternativas posibles ha citado la posibilidad de alargar los plazos o que el Estado establezca el pago en los Presupuestos Generales del Estado. Bonig incidió en que habrá que pedir responsabilidades al Gobierno socialista, ya que a su juicio alguien «debería pedir perdón» por el «despilfarro total y absoluto».
