El nuevo reglamento de la Ley de Costas, que entró en vigor el pasado día 11 con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), apuesta ahora - en contraposición con la legislación anterior- por un mayor aprovechamiento de los espacios turísticos en las playas, lo que se traducirá en la aprobación de permisos para ampliar los restaurantes construidos en los paseos marítimos hasta los 270 metros cuadrados y la posibilidad de celebrar fiestas y eventos en la arena, algo que quedará establecido por el criterio de los ayuntamientos.

Una de las grandes novedades de la nueva normativa es que, por primera vez, se regula la presencia de los chiringuitos -que el reglamento define como «establecimientos expendedores de comidas y bebidas»- que se levantan sobre la arena todos los veranos (julio, agosto y septiembre), algunos convertidos en auténticos restaurantes por el día y bares de copas por la noche.

Las primeras estimaciones oficiales hablan de la «normalización» de la situación legal de un total de 362 chiringuitos en la Comunitat Valenciana, 12 de ellos en la provincia de Castelló, y de más de 3.000 negocios de este tipo en todo el territorio nacional. A su vez, también se prevé que 67 hoteles -1.000 en toda España- situados en la costa valenciana se verán «beneficiados» por los cambios introducidos en la nueva normativa de rango estatal.

Competencia desleal

Hasta ahora, todos los permisos necesarios para abrir un chiringuito dependían de los ayuntamientos y la presencia de este tipo de negocios ha levantado durante los últimos años una fuerte polémica con los establecimientos clásicos, que denuncian que se incurre en una competencia desleal permitida por los consistorios.

A su vez, también ha habido encontronazos con asociaciones de vecinos, que en la mayoría de casos se quejan por el ruido generado por las noches y por los malos olores en el entorno. Un ejemplo de ello se vivió en Borriana donde desde hace cinco años los chiringuitos deben contar con licencia acústica, después de la demanda presentada por un vecino de la avenida Mediterránea por los ruidos.

Ahora, la situación será distinta y dependerá de la ubicación. Así, los chiringuitos situados en las playas naturales -como podría ser el Serradal de Castelló- deberán tener una superficie máxima de 70 m2 en total, y solo 20 m2 de instalación cerrada. La distancia no podrá ser inferior a los 300 metros y todas las instalaciones de suministro eléctrico y de uso sanitario -tratamiento de aguas residuales- deberán ir soterradas y conectadas con las redes principales de luz y agua. A su vez, en los procesos de elaboración de los alimentos no se podrá emitir olores y no podrá verterse agua sobre la arena.

Por otra parte, en las playas urbanas -catalogación que tendrán el Gurugú y el Pinar- los requisitos son más flexibles que en los espacios vírgenes. Las dimensiones máximas permitidas para los restaurantes serán de 200 metros cuadrados (150 m2 de edificación más terraza cerrada) y, además, se podrán añadir otros 70 m2 de terraza desmontable.

Cabe señalar que la denominación de playa urbana y playa natural la tendrá que establecer cada municipio. Se considerará una playa natural aquella que linda con una superficie rústica o protegida y urbana la que limite con suelo urbanizable. El Serradal podría entrar en la clasificación de natural por la zona dunar protegida que alberga.

Otro de los ejes del reglamento es la posibilidad de que las playas urbanas acojan eventos con repercusión turística y deportiva o culturales que tengan impacto nacional o internacional. Los permisos los concederán los ayuntamientos con informe favorable de la Generalitat.

30 años de prórroga

Los hosteleros, por su parte, celebran que el Gobierno permita ahora ampliar la superficie de los restaurantes clásicos en los paseos marítimos, aunque ello suponga un nuevo desembolso. La otra gran modificación aplaudida por el sector es el nuevo margen de prórroga del que disponen: la anterior normativa marcaba un plazo de 15 años, que ahora se ha doblado hasta los 30 años. Además, si se adoptan medidas ecológicas el intervalo se incrementa en seis años más.

Por último, otro de los modelos de negocio desarrollados en las playas castellonenses son las escuelas náuticas temporales que aparecen cada verano. El reglamento establece que este tipo de centros se deben situar en los extremos de las playas, así que la interacción con el resto de los usuarios de la playa será menor.