Cultura presentará mañana en el pleno del Consell la incoación del expediente de la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial a favor de las "Normes de Castelló".

El conseller Vicent Marà ha explicado que esta tramitación permanecía archivada y ahora "se ha reactivado dada la relevancia de un patrimonio cultural y lingüístico como son les Normes de Castelló".

Para Marzà, según han informado fuentes de la Conselleria en un comunicado, este paso es una cuestión de "justicia", porque "son un referente de la normalización de nuestra lengua y de su regularización".

El expediente, ha agregado, es "fruto de un acuerdo con el Ayuntamiento de Castellón, donde hacía años que estaba guardado en un cajón y que nosotros por fin lo hemos sacado para dignificar nuestra lengua y lo que significó esa normativa".

Les Normes de Castelló, también conocidas como Normas del 32, nacieron del consenso de literatos, gramáticos y lingüistas para afrontar todos los cambios que estaba experimentando la lengua en una sociedad cambiante y, así, garantizar su uso social, administrativo y académico, según han indicado las mismas fuentes.

Es por eso que la normativa que genera actualmente la máxima institución en materia lingüística, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, se basa en les Normes de Castelló.

El vicealcalde de Castellón, Enric Nomdedéu, ha recordado que "ya en 2010 pedí la declaración de les Normes de Castelló como BIC", en una moción que fue apoyada "por todos los grupos políticos del consistorio, la Universitat Jaume I, la Acadèmia Valenciana de la Llengua y la Diputación, pero nunca fue aprobada por el anterior Consell".

Este reconocimiento, ochenta y tres años más tarde, es un trámite necesario para que "los hablantes tomen conciencia de la necesidad de seguir una normativa y para alcanzar el pleno apoyo institucional mediante su uso y promoción", han indicado desde la Conselleria.

Además de les Normes de Castelló, la resolución de incoación del expediente del BIC incluye también las instrucciones para protegerlas, a través de las competencias de la Generalitat para su normal desarrollo, pervivencia y conservación de sus valores.