26 de febrero de 2016
26.02.2016

Martínez se enfrenta a otro proceso judicial por sus empresas a la espera de sentencia por la depuradora

El fiscal dice que los acusados «intentaron esquilmar el patrimonio público» y añade: «Martínez era el tapado; Santamaría, el conseguidor»

26.02.2016 | 12:03

El calvario judicial de Francisco Martínez no ha acabado con el final del juicio del caso de la depuradora de Borriol, que ayer quedó visto para sentencia. El fiscal instructor, Javier Carceller, reveló que hay en curso nuevas diligencias penales relacionadas con la actividad de las empresas del exvicepresidente de la diputación y exalcalde de Vall d´Alba, por lo que éste podría ser llamado a declarar próximamente.

Las indagaciones que realizó la Fiscalía en el caso de la depuradora dieron lugar a una investigación paralela sobre las empresas inmobiliarias de la familia Martínez y la relación de éstas con el urbanismo de Vall d´Alba. El fiscal ya advirtió de la «evidente sospecha» de que algunas de las propiedades de estas sociedades (Franvaltur, Prodever y Gestintur) «puedan estar relacionadas con actuaciones urbanísticas» promovidas por el Ayuntamiento de Vall d´Alba cuando Martínez era alcalde. Estas pesquisas del fiscal ya se han sustanciado en forma de querella y han dado lugar a una nueva investigación judicial que se encuentra en fase de instrucción.

El fiscal Carceller aprovechó la última jornada del juicio de la depuradora para revelar las nuevas diligencias penales relacionadas con las empresas vinculadas a la familia Martínez y su socio Raúl Babiloni. Sobre el caso de la depuradora, mantuvo la petición de penas para los acusados (solicita 4 años de cárcel para Martínez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas), al considerar probada la relación entre ellos «para intentar esquilmar el patrimonio público». Detalló el papel de cada uno de ellos en la supuesta trama: «Francisco Martínez era el tapado; Raúl Babiloni, el testaferro; Adelino Santamaría, el conseguidor» y los hijos de Martínez y el empleado de Babiloni, «los cooperadores».

El fiscal sostuvo que el objetivo inicial de la familia Martínez y Raúl Babiloni era, valiéndose de la «información privilegiada» aportada por el entonces alcalde de Borriol Adelino Santamaría, lograr una permuta de los terrenos afectados por la depuradora por otros donde estaba previsto un PAI. Al anularse el plan urbanístico, tuvieron que conformarse con la indemnización de las expropiaciones. Martínez habría obtenido cerca de 50.000 euros por una parcela por la que pagó 3.000. El fiscal incidió en los esfuerzos de los acusados para que la finca del exvicepresidente de la diputación figurara dentro del proyecto de la depuradora, ejerciendo «influencia sobre los funcionarios». «Trabajaron a tres bandas dirigidos por Martínez en la sombra», sentenció Carceller.

Las defensas rebatieron los argumentos del fiscal, pidiendo la absolución. La abogada de Francisco Martínez consideró que en el juicio «ha quedado contundentemente probado que no son ciertos los hechos». Negó que Martínez participara en la elección de los terrenos y destacó que todo el proceso se ajustó a la legalidad. La abogada de Adelino Santamaría reseñó que el exalcalde no fue el que determinó la inclusión del solar de Martínez en el proyecto, sino que vino determinada por criterios técnicos.

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