Los 35 activistas que fueron sancionados con 6.000 euros cada uno por boicotear el pasado 5 de diciembre el 'bou embolat' en Olocau del Rei presentaron ayer un recurso de alzada en la Subdelegación del Gobierno de Castelló, y dirigida al Ministerio de Interior, para que archive la multa. Este es el tercer recurso que presentan los animalistas. En el primero de ellos, dirigido a la subdelegación del gobierno de Castelló, lograron rebajar la multa de 6.000 a 5.700 euros, y en el segundo, con el mismo destinatario, «no logramos nada», según lamentó uno de los activistas denunciados. Ahora, los animalistas quieran dar un paso más y han enviado, a través de la subdelegación del Gobierno, un recurso de alzada al Ministerio de Interior en el que solicitan la suspensión de ejecución de la multa impuesta en la resolución recurrida, es decir, la que fija de momento la sanción en 5.700 euros. Los sancionados acompañan este documento con unas 8.200 firmas recogidas en la plataforma Change.org, con las que pretenden trasladar el apoyo de la ciudadanía recibido durante los últimos meses.
Uno de los motivos que arguyen es que la protesta contra el 'bou embolat' fue «pacífica», por lo que consideran la sanción «desproporcionada». Los activistas se muestran esperanzados. «Esperamos que la sanción se rebaje bastante o que se elimine», declaró el animalista consultado.
Según informó a principios de año la propia Subdelegación, fueron las sanciones más altas impuestas en España a antitaurinos por manifestarse en festejos populares, más incluso que alguna de las aplicadas tras la celebración del Toro de la Vega en Tordesillas, que alcanzaron los 5.200 euros.
Los multados podían realizar alegaciones a esta sanción administrativa, y tenían un descuento del 50 por ciento de la misma por pronto pago. Finalmente se decantaron por la primera opción.
Desde la Subdelegación subrayaron entonces la gravedad de la acción de este colectivo de antitaurinos, que impidieron la celebración de un festejo autorizado, que contaban con los permisos preceptivos. De acuerdo a la Ley de Seguridad Ciudadana, se les consideró autores de la vulneración de dos artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana, por poner en peligro la seguridad de un acto público y por celebrar una manifestación de más de 20 personas sin convocatoria previa, y se les consideró responsables de varios desperfectos, además del perjuicio económico para el municipio.
