El exvicepresidente de la Diputación de Castelló Francisco Martínez declaró por fin ayer, tras cuatro aplazamientos desde el pasado mes de marzo, en el juzgado de Instrucción número 4 de Castelló en la causa abierta contra él, sus hijos y un empresario por presunto fraude y exacciones ilegales a raíz de una querella de la Fiscalía presentada en enero de 2016. Los presuntos delitos se cometieron a través de empresas de Francisco Martínez, entre ellas Franvaltur, propietaria de los terrenos sobre los que se había proyectado la depuradora de Borriol.
A la salida del juzgado Martínez aseguró que todo había ido «bien» y que su interrogatorio había durado «poquito», optando por el silencio tras ser preguntado sobre si tendrá que volver a prestar declaración. Este lunes también declararon los dos hijos de Martínez, Andrea y Francisco, que llegaron por separado a la Ciudad de la Justicia de Castelló, y el empresario Raúl Babiloni, quien cerró la ronda pasado el mediodía.
Según el abogado del PSPV, Omar Braina, los cuatro investigados han declarado por separado y la comparecencia del vicepresidente ha durado menos de una hora. Preguntado por la posibilidad de pedir nuevas pruebas, el abogado del PSPV ha manifestado que, por ahora, no van a solicitar más ya que valorarán las que disponen hasta la fecha, ha dicho. Sobre una nueva citación de Martínez, Braina añade que «tiene que seguir el procedimiento y saber si se les acusa o no», añadiendo que él sí que aprecia indicios de delito en los hechos.
Varios aplazamientos
La declaración de los cuatro investigados en la causa había sido pospuesta hasta en cuatro ocasiones. Inicialmente prevista para el pasado 21 de marzo, los interrogatorios quedaron aplazados al 22 de marzo, 12 de abril, 9 de mayo y finalmente al 4 de julio.
El juzgado de Instrucción número 4 de Castelló tiene abierta una causa por los delitos de fraude y exacciones ilegales en la que constan cuatro investigados, diligencias en las que también se investiga a cuatro empresas. Martínez fue juzgado el pasado febrero por las presuntas irregularidades cometidas en la expropiación de los terrenos donde iba a construirse la depuradora de Borriol y que eran propiedad de una empresa de la que él y sus hijos eran socios.
El fiscal pedía cuatro años de prisión para el exvicepresidente de la Diputación Francisco Martínez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas, y en el mismo caso fueron también juzgados sus hijos y el empresario y socio de Martínez, Raúl Babiloni.
Condena
El 15 de abril la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castelló condenaba al exvicepresidente provincial a ocho meses de cárcel y una multa de 12.600 euros por un delito de negociación prohibida a un funcionario y absolvía al resto de imputados.
Durante la lectura del informe final en el juicio de la depuradora, el fiscal anunció que existía otra causa abierta contra Martínez por presuntos delitos del ámbito urbanístico vinculados con empresas suyas y de su familia y por la que ha declarado hoy ante el juzgado.
