El diputado por Castelló del PSPV-PSOE, Artemi Rallo, lamentó ayer «la indefinición que mantiene el Gobierno de España en torno al nuevo proyecto de Muy Alta Tensión (MAT) que se pretende construir en la provincia, desde Almassora a Morella, pese a que en los términos actuales supone un riesgo para la salud, el medio ambiente y el futuro de las comarcas afectadas».

Rallo criticó la respuesta recibida por el ejecutivo de Rajoy en torno a una pregunta que el parlamentario socialista formuló para que se revisara el trazado de proyecto. «Se limitan a contestar que se adoptarán medidas sobre posibles modificaciones del trazado si lo determina la Declaración de Impacto Ambiental, que es lo mismo que no decir nada, cuando son evidentes los daños medioambientales, paisajísticos, ecológicos y para la salud», indicó.

La propuesta de los socialistas solicitaba al gobierno liderado por el PP «un cambio del trazado previsto por otro de menor impacto social y medioambiental en el que se contemple el alejamiento y soterramiento de las líneas en las zonas habitadas y aquellas que son de mayor impacto paisajístico y sobre la fauna en un proyecto que atraviesa un total de 17 municipios».

Rallo aseguró que con esta demanda «los socialistas demostramos que estamos comprometidos con los ciudadanos de la provincia de Castelló, con nuestras comarcas y territorios, son la conservación de nuestros recursos naturales y con la defensa de las personas, algo que al parecer no comparten desde el PP pues este proyecto sólo se justifica desde el punto de vista de las compañías eléctricas».

Por último, reiteró que desde el PSPV «nos reafirmarmos en que no podemos aceptar un proyecto de línea de Muy Alta Tensión que atenta contra la identidad de nuestra geografía, de nuestra identidad y de nuestros pueblos».

En este sentido, la Plataforma No a la MAT presentó ante el comité de peticiones de la Comisión Europea una propuesta para que se paralice la construcción de la citada línea. En la actualidad, la administración europea está estudiando la documentación presentada y está esperando un dictamen de los servicios medioambientales para responder a la petición hecha desde la plataforma. El Consell, por su parte está recabando informes para determinar su posicionamiento al respecto.