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Esta es la historia de una bodega de Fontanars dels Alforins que entró en proceso concursal en diciembre de 2008 y, ocho meses después, acaba en manos de una empresa sin constituir por la mitad de su valor de tasación. Sus protagonistas son el administrador concursal, Vicente Olarte, y el presidente de la sociedad, Santiago Esteve, así como el secretario de la misma, Ignacio Attard Torró, que consideran que vender a un empresario de Elx sin experiencia en el sector los activos de la SAT Torrevellisca por 600.000 euros es "más beneficioso" que por 715.000 euros o 900.000.

En el reparto aparecen también un juez de lo Mercantil, Fernando Presencia, que autoriza la venta "por respeto" al trabajo del administrador concursal, y unos acreedores que consideran que la transacción "no es real ni beneficiosa" para sus intereses y menos para los de las administraciones públicas, porque recibirán menos dinero del que les hubiera correspondido de no haberse "despreciado" por "no ofrecer garantías" o "haber llegado tarde" las otras ofertas de mayor cuantía presentadas.

El caso de "las otras ofertas" merece un capítulo aparte. Como la manera en cómo se despachan por la junta rectora de Torrevellisca, a la que el administrador concursal da voz pese a que ellos reconocen por escrito "no tener facultades para la venta". Resulta que en los sucesivos episodios que componen el relato de la adjudicación de Torrevellisca a Zagromonte SL, empresa que no aparece en el registro mercantil, se suceden dos ofertas "formales" y otra que "llegó tarde" un argumento, el de fuera del plazo, en que el propio administrador concursal se acabará contradiciendo por escrito.

Las ofertas formales se presentaron por Enrique Aznar Calvo, en representación de la mercantil Zagromonte SL, y por un padre y un hijo, vecinos de Fontanars dels Alforins, un municipio de un millar de habitantes. Aznar propone quedarse todos los activos de Torrevellisca por 600.000 euros, mientras que los Alfredo Micó ofertan 701.000 euros. La junta rectora de la SAT prefiere la de Zagromonte SL, porque le ofrece "más garantías".

No les es suficiente que los Micó aporten un certificado de solvencia emitido por Caja Rural, ni que estén considerados como personas responsables en el municipio. La junta apuesta por Aznar Calvo: les convence más su plan de negocio: "Aquí de lo que se habla es del precio y no del futuro de ninguna empresa" insiste el abogado Daniel Carbó de Etiquetas Gráficas, uno de los acreedores, quien añade que se han hecho "juicios de valor. La misma garantía ofrecía uno y otro", se queja.

Etiquetas Gráficas SL, y Coviñas SL, son las dos empresas que han recurrido ante el juez de lo Mercantil, una venta que critican: "Hacen ver que una de las ofertas, curiosamente, la de menor montante económico, es más beneficiosa y para ello se realizan consideraciones subjetivas e incluso tendenciosas".

"Resulta difícil de creer"

En su escrito, uno de los recurrentes, señala que resulta "difícil de creer" que, según el inventario aportado al concurso por la administración concursal, una masa activa de 1.167.245,55 euros, en fecha 15 de junio de 2009, se convierta el 2 de julio en un valor de 600.000 euros: "A modo de ejemplo, la propia parcela de terreno de la compañía ya se valora en 715.000 euros y las existencias en 200.000", señalan.

Los acreedores dicen "no entender" que tanto se considere "bastante irregular" una oferta de 715.000 euros de unos vecinos de Fontanars dels Alforins que querían pagar "al contado" y que den "más valor y credibilidad" a una oferta de 105.000 de euros menos, formulada por una empresa sin constituir y que no aporta garantías de solvencia. El serial amenaza con dar más de sí.