El plan de pagos a proveedores puesto en marcha por el Gobierno y que ha obligado a los ayuntamientos a vaciar los cajones de facturas impagadas ha puesto en evidencia que el plan Confianza, la medida estrella contra la crisis del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, ha acabado por convertirse, tres años después, en un serio quebradero de cabeza para muchos alcaldes. Ya ni los dirigentes del PP esconden la ruina que para muchos ayuntamientos, especialmente los más pequeños, va a suponer la iniciativa que Camps anunció en enero de 2009 como contrapeso electoral al Plan Zapatero. Con una diferencia: El del Estado liquidó hasta el último euro, mientras el del Consell ha dejado un reguero de facturas por el camino y multitud de obras inacabadas.
Al menos tres alcaldes del PP han criticado esta semana que en la relación de facturas impagadas figuren miles de euros del plan Camps. "No se tenía que haber puesto en marcha si no había dinero", afirma un alcalde del PP de un pequeño municipio de la Ribera Alta, que prefiere el anonimato. "El 99% de lo que hemos declarado son obras del plan Confianza", admite. "Nos han hecho un agujero importante", señala otro.El alcalde de Guadassuar, José Ribera, aseguró que la Generalitat y la diputación le deben "mucho dinero".
