El Ayuntamiento de Llíria tiene pendientes de cobro más de 450 cuotas impagadas de varias actuaciones urbanísticas por un valor que ronda los 3 millones de euros, hecho que ha provocado una verdadera alarma social y multitud de denuncias en el consistorio.

La política urbanística que está llevando a cabo el equipo de gobierno del Partido Popular en la localidad está provocando que muchas familias estén con el agua al cuello y que empresas tengan que cerrar las puertas y despedir a sus trabajadores. Principalmente porque las cuotas que se imponen son de una cuantía tan elevada y se tienen que pagar en unos plazos tan cortos que hacen inviable su pago. Es el caso del taller de Renault, que la semana pasada tuvo que cerrar sus puertas definitivamente, el propietario argumentó que "el PAI ha provocado esta decisión, no podemos pagar 825.448,64 euros".

Según el portavoz de Compromís, Paco García Latorre, en estos momentos de crisis, de las diversas actuaciones que hay en marcha por el sistema de la "gestión indirecta" que está alentando la responsable de Urbanismo (donde las empresas privadas pueden presentar PAI sin tener ni un metro cuadrado de suelo), el ayuntamiento tiene pendientes de cobro más de 450 cuotas por un valor que ronda los 3 millones de euros. Para García, esta locura urbanizadora está pasando factura a muchas familias que ven como el ayuntamiento embarga sus cuentas corrientes y les impone unas hipotecas que difícilmente van a poder hacer frente.

Desde las filas de Compromís tildaron de "temeraria" la política urbanística local que se está aplicando, y denunciaron que "están poniendo en peligro muchos puestos de trabajo y dejando a muchos propietarios embargados y hipotecados". Además, alertaron de que "la mayoría de estos PAI se desarrollan sin el consenso mayoritario de los propietarios y únicamente con la voluntad de las empresas que vienen a Llíria a hacer negocio, dejando en penuria económica a los titulares de las parcelas afectadas", afirman.

"Sólo son dos planes de gran envergadura"

El Ayuntamiento de Llíria asegura que la mayoría de estos impagos corresponde a dos actuaciones de gran envergadura: el polígono de Carrasses (suelo industrial) y el ST-1 (suelo terciario). Impagos adjudicables mayoritariamente a empresas que "posiblemente por la crisis no pueden hacer frente a estas obligaciones con la misma solvencia", explicaron fuentes del gobierno municipal, que añadieron que "los impagos en estas dos unidades representan el 77% del total, siendo el restante el que corresponde a suelo residencial". Del suelo residencial, sólo una unidad de ejecución corresponde una urbanización. Por lo tanto, "no hay que ser alarmistas, porque no se está desahuciando a nadie de sus casas como algunos quieren dejar entrever" y porque "los vecinos mayoritariamente están asumiendo sus obligaciones", manifestaron las mismas fuentes del consistorio. También hicieron especial hincapié en lo que se refiere a los impagos en el suelo industrial y terciario, y explicaron que "son en muchos casos consecuencia de la crisis económica y urbanística que ha afectado a muchas empresas", pero "creemos que el desarrollo de estos proyectos puede servir para ofrecer suelo en condiciones a nuevas empresas que quieran invertir en Llíria y generar empleo", finalizaron. manel domingo llíria