El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Novelda acaba de imputar por prevaricación al exalcalde de Monóvar Salvador Poveda, a los concejales del PP Ramón Cambra, María Victoria Bernabé y Deseada Bellot, a los ediles independientes Emilio Orgilés y José Ginés, y al interventor, el secretario y el arquitecto del Ayuntamiento monovero. El magistrado Andrés Salas Felipe ha detectado «indicios de la posible comisión de un delito de prevaricación por irregularidades» en la adjudicación del contrato para cubrir el pabellón deportivo municipal.
La investigación nació a raíz de la denuncia del portavoz socialista, Francesc Picó. El dirigente del PSPV trasladó los hechos a los tribunales porque el ayuntamiento adjudicó las obras a la empresa Construcciones Los Carteros S.L. a través de un procedimiento negociado sin publicidad por un montante total de 227.000 euros. Hasta ahí, todo correcto. La ley permite adjudicar contratos bajo esta fórmula -se invita a tres empresas y se adjudica a la que obtenga más puntuación en función de los pliegos de condiciones- siempre que no superen los 300.000 euros. El problema vino después, cuando se introdujeron mejoras que no estaban previstas en el proyecto original. Con esos cambios, el coste del proyecto se cuadriplicó, hasta superar los 966.000 euros.
