José Parrilla, Valencia
La Guardia Civil detuvo el lunes por la noche al presidente del partido de extrema derecha España 2000, José Luis Roberto, por negarse a desmontar una fiesta organizada la noche de San Juan. Primero la Policía Local y luego la Guardia Civil le instaron a quitar la música y las luces en cumplimiento de una propuesta de la Demarcación de Costas, pero Roberto se negó por entender que quien debía denegarles el permiso era la Delegación del Gobierno. Después de tres horas en el cuartel de El Perelló, quedó en libertad.
El presidente de España 2000 presentó un escrito en la Delegación del Gobierno el pasado 30 de mayo en el que comunicaba la celebración de una "concentración pública, lúdico festiva" en un trozo de playa cerca de la confluencia de la carretera de Alfafar y la Autovía de El Saler. Luego, la Delegación del Gobierno pidió informes al Ayuntamiento de Valencia y la Demarcación de Costas, que después de requerir memoria de actividad y planos de situación, resolvió el mismo 23 de junio, aludiendo entre otras cosas a un informe desfavorable del Parque Natural de la Albufera, "proponer denegar" la autorización de la fiesta.
Ese documento le fue enviado a España 2000 y a la Delegación del Gobierno, que cursó orden a la Policía Local para que impidiera la fiesta. José Luis Roberto, sin embargo, siguió adelante con sus planes entendiendo, según dice, que la demarcación de Costas sólo emite una propuesta de desautorización, pero que quien debe denegar el acto es la Delegación del Gobierno, que es el organismo al que se dirigió y el que debe resolver en última instancia, pues el derecho de reunión en el que se basa su petición "debe prevalecer por encima de normas de rango inferior como las de Costas o el Ayuntamiento".
Así pues, primero la Policía Local le expidió un boletín de sanción y luego la Guardia Civil lo detuvo por desacato. Sobre las dos de la madrugada fue trasladado al cuartel de El Perelló y tras prestar declaración quedó en libertad a la espera de que Costas pueda abrirle un expediente y que la Guardia Civil decida si actúa o no contra él.
Roberto, por su parte, denunciará a la Delegación del Gobierno por vulneración de derechos fundamentales y reclamará una indemnización por perjuicios. Así mismo, podría denunciar por coacciones y detención ilegal al mando de la Guardia Civil que ordenó arrestarlo sin identificarse.
