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La Conselleria de Sanidad ha sido condenada por enésima vez por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a abonar los intereses por el pago de facturas atrasadas a los proveedores de la red pública sanitaria, en especial los hospitales. A casi 26 millones de euros asciende en este caso la suma, más de la mitad de ellos en concepto de intereses por el "pago tardío" de las facturas presentadas por 120 empresas ante las autoridades sanitarias valencianas entre 2003 y 2007.

En esta ocasión, la cifra total es de 25.963.754 euros que 120 empresas proveedoras de material sanitario y de medicamentos han venido reclamando ante la Conselleria de Sanidad y ante los tribunales. De esta cantidad, 11.458.466 euros corresponden a facturas que no habían sido abonadas. Mientras que los 14.505.288 euros restantes se abonarán en concepto de intereses de demora por otras facturas pagadas con retraso y de las que, en su día, se reclamó su pago ante los tribunales.

Esta parece haber sido la dinámica de la sanidad pública valenciana en los últimos diez años. Desde que en 1999 los proveedores comenzaron a asustarse por el impago de las facturas, siguieron a este primer temor una serie de reclamaciones judiciales. Al principio, y especialmente las empresas pequeñas, se resistían a denunciar ante los tribunales a la Conselleria de Sanidad por no perder tan buen cliente.

No obstante, y tras el cierre de algunas de ellas, decidieron ponerse de acuerdo para reclamar no sólo el pago de las facturas, sino los intereses por el retraso con que se venían abonando, al final, con la "ayuda" de los tribunales.

Ello ha supuesto millones de euros en el pago de intereses a costa del bolsillo de los contribuyentes y que ha ido en detrimento del servicio de salud pública. La conselleria siempre ha sido consciente de que, tarde o temprano, tendría que pagar y, no obstante, ha incumplido reiteradamente su obligación consciente de que debería abonar intereses. Hay que recordar que, en más de una ocasión, la Generalitat ha tenido que destinar una partida presupuestaria especial, que sale de la sanidad pública, para pagar las facturas atrasadas y las condenas en los tribunales.

Las últimas sentencias, además de los clásicos suministros de material quirúrgico o medicamentos, también se refieren al pago de servicios de asistencia sanitarios de los planes de choque en algunos hospitales privados, como el de Aguas Vivas o Valencia al Mar. En otras de estas resoluciones, también se condena a pagar por una obras del Centro de Salud de Dénia y otras en el Centro 9 de Octubre de Castelló o por la limpieza del Hospital de Sagunt. Como curiosidad, se reclamaba el pago de los intereses respecto a las publicaciones y materiales de difusión y apoyo a las campañas de Sanidad de los años 2003 y 2005, por un total de 15.880 euros.

Cumplimiento de la ley

El tribunal estima los recursos interpuestos por estas empresas en base al artículo 100,4 de la Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas, que establece que "la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la expedición" de las facturas. Y, si se demorase, "deberá abonar el interés legal del dinero incrementado en un 1,5 puntos".

El portavoz oficial de la conselleria que dirige Manuel Cervera eludió pronunciarse respecto al pago de los 68 millones de euros de intereses, última cifra publicada sobre facturas impagadas, en febrero de este año.

En febrero ya afrontó varias condenas que sumaban 68 millones

Las últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, publicadas en febrero de este año, condenaban a la Conselleria de Sanidad a pagar un total de 67.960.436 millones de euros por intereses y facturas impagadas a proveedores de los hospitales públicos valencianos desde 2001, incluso por alguna de 1998 y 1999.

De esa cantidad, 41.206.386 millones correspondían a los impagos de facturas y casi 26.754.050 a los intereses por otros pagos atrasados. Según información conseguida por Levante-EMV, sólo con el dinero que se abonaría en intereses, respecto de estas últimas cifras, se podría haber construido un hospitales comarcal nuevo de 120 camas o 13 centros de salud.

Estas cifras correspondían sólo a las 53 sentencias de la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior, dictadas en 2007 y 2008 y a las que había tenido acceso este periódico, y se sumaban a las que ya había tenido que abonar por sentencia firme la Generalitat durante los últimos diez años. Hay que señalar que no cabe recurso. La Conselleria de Sanidad dijo en su día que había hecho un "esfuerzo importante" para solventar la deuda anterior a 2006, y que en estos momentos se negociaba la que se había acumulado entre 2006 y 2008. Pero, lo bien cierto es que siguen llegando facturas a los tribunales que datan de 2003