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En una entrevista concedida a Levante-EMV en octubre de 2004, uno de los sobrinos de Juan Cotino, Vicente Cotino Escrivá, negaba que la carrera política de su tío hubiera beneficiado al grupo de empresas que lidera Sedesa. Todo lo contrario, se justificaba. La vida pública de uno de los hermanos Cotino Ferrer ha llegado a provocar que "dejáramos de licitar por voluntad propia en las instituciones públicas en las que ha prestado servicio". Una máxima que, cinco años después, va resultar muy complicada de cumplir con la llegada de Juan Cotino a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

A día de hoy, resulta casi imposible encontrar un área de negocio en la que Sedesa y sus filiales no estén inmersas: además de la obra pública (construcción de carreteras, encauzamiento de barrancos, ejecución de depuradoras) amplió sus intereses al urbanismo y la promoción inmobiliaria con la ejecución de polígonos, construcción de viviendas protegidas, algún megaPAI... También se introdujo en el negocio de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) cuando fueron privatizadas por el PP (un negocio que revendió en 2004), en la construcción y gestión de aparcamientos, las energías renovables (es socio de Endesa y Bancaja para construir 18 parques eólicos), la minería, el sector medioambiental, la distribución de maquinaria para las obras públicas e, incluso, la gestión de residencias geriátricas.

A finales de los 90 el PSPV, a través de la diputada Maria Antonia Armengol, ya intentó instigar una investigación de las adjudicaciones del Gobierno y el Consell (ambas en manos del PP) a las empresas de la familia Cotino que acabó ejecutando obras en l'Oceanogràfic, la línea 5 del metro (actualmente también construye el soterramiento del tren en Alboraia) o los movimientos de tierras para construir Terra Mítica.

La llegada de Cotino a Bienestar Social provocó que la coincidencia de intereses volviera a los titulares. Cuando llegó a este departamento, en sustitución de Alicia de Miguel, la empresa familiar Sedesa ya ocupaba la presidencia de Gerocentros del Mediterráneo SL, una sociedad que operaba con la marca Savia Centros Residenciales que, en 2007, ya contaba con una red de 14 geriátricos en la Comunitat Valenciana más otros diez en construcción. El salto del "holding" de la familia Cotino al negocio de las residencias se produjo en 2001, bajo la batuta de Rafael Blasco que, en virtud del plan de creación de nuevas residencias, lo convirtió en el principal adjudicatario, con 28 centros, lo que la erigió en el principal grupo geriátrico valenciano con la gestión de 3.200 plazas.

La sombra de la duda volvió a surgir cuando en enero de 2008, el Consell financió con 436 millones un total de 2.247 plazas concertadas en 52 residencias geriátricas, de las que 20 eran de la empresa familiar de Cotino. El entonces conseller de Bienestar Social no aclaró, pese a la insistencia del diputado del PSPV, Antonio Torres, si intervino o votó en la propuesta al Consell de este concierto de plazas en el que intervenía la empresa de su familia. Tampoco explicó por qué cambió las condiciones de los conciertos (amplió la concesión y permitió que una decena de residencias entrara fuera de plazo).

Con el boom del ladrillo, la empresa familiar también se apuntó al negocio de los PAI. Actualmente construye el polémico Sector Golf Coto del Català en Llíria, cuyas obras de 2.000 casas y campo de golf se paralizaron cautelarmente. El juzgado autorizó a finales de julio que se retomaran. Un hermano del conseller, Vicente Cotino Ferrer, es el promotor de otro PAI de 2.000 viviendas en Benissa (que incluye la construcción de una ronda). La firma familiar también impulsa el macropolígono medioambiental en Zarra (el Vall de Ayora) donde se proyectaba una incineradora.