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Hacer "botellón" en la vía pública estará penado con una multa de entre 60 y 150 euros. Ésa es la recomendación que ha consensuado la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) en la ordenanza común para erradicar el consumo de alcohol en la calle y la actividad de "gorrillas" y vendedores ilegales. Esta normativa de protección del espacio público urbano, que aprobará a finales de octubre la junta de portavoces de la FVMP, pretende ser una herramienta legal que incorporen los ayuntamientos a su ordenación municipal para luchar con más eficacia contra estas tres alteraciones del orden público.

La sanción oscilará entre 60 y 150 euros en función de los agravantes que conlleve: alerta social, reincidencia, beneficio económico u obstaculización a la autoridad. En el caso de aparcacoches y vendedores ilegales se tendrá en cuenta también la solvencia económica del afectado para fijar la sanción definitiva.

A partir de noviembre, cada consistorio podrá aprobar la ordenanza en sus respectivos plenos municipales. La podrá incorporar de forma total o parcial. No es obligatoria, pero el secretario general de la FVMP, José Antonio Redorat, prevé que la adopte "el 100% de los municipios con policía local". Por una razón muy sencilla: incrementará la capacidad de los agentes para aplicar sanciones en el fenómeno del "botellón".

Hasta ahora, explica Redorat, la Ley de Drogodependencias era muy restrictiva y obligaba a la policía a tomar muestras del alcohol requisado en tres recipientes diferentes, mandarlas al laboratorio para su análisis, y hacer una propuesta de sanción a Sanidad, encargada última de aplicar la sanción definitiva. En cambio, a partir de esta ordenanza común contra el botellón será más operativo el proceso sancionador. La policía ya no tendrá que invocar la Ley de Drogodependencias y seguir su farragoso procedimiento, apunta Redorat, sino que podrá imponer la multa económica por vulnerar una ordenanza municipal.

El sistema de cobro será como el de cualquier otro impuesto o tasa municipal. Con la particularidad de que si se trata de menores, podrán sustituir el pago de la multa por el desempeño de trabajos en beneficio de la comunidad.

Con esta ordenanza, el castigo económico se convertirá en el ariete de la política municipal contra el botellón. No obstante, el secretario general de la FVMP señala que será deber de todas las administraciones "potenciar la información y la prevención" para erradicar la ingesta de alcohol en la calle. Y lanza un mensaje que, a su juicio, configura el espíritu de la norma: "No estamos en contra de los jóvenes ni de las fiestas, pero vamos a intentar encauzarlo todo dentro del civismo y el respeto a los demás".