El TSJ prohíbe que los profesores de Ciudadanía e Inglés compartan aula

MAITE DUCAJÚ VALENCIA La resolución de la Conselleria de Educación, de 1 de septiembre de 2008, por el cual para dar la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) a los alumnos de segundo de la ESO podían estar dos profesores en el aula (el de inglés y el titular de Filosofía o el de Geografía e Historia) ha quedado anulada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV).
El tribunal ha fallado a favor del recurso presentado por el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (STE-PV) contra la orden del 10 de junio de 2008 de la conselleria por la que regulaba la asignatura de EpC en inglés así como contra la citada resolución.
La invalidación de la obligación de que haya un profesor de inglés en el aula juntamente con el titular es la novedad respecto a a la sentencia que este tribunal dictó a finales de julio de este año -tras un año pendientes- que dio la razón a CC OO y que ya anuló los artículos más conflictivos de la orden de conselleria.
De esta forma, queda resuelto que los alumnos valencianos que realizan EpC no tienen porqué recibir esta materia en inglés, además de que no podrán aprobar con un trabajo trimestral ni se permitirá objetar.
La sentencia declara nulo el artículo 2 de la orden, apartados 1b, 2, 3 y 4 (que establece la opción B para cursar la materia a través de un trabajo trimestral); el 3 (que establece la obligación de impartir EpC en inglés); el artículo 4 (que legitima la objeción de conciencia); el artículo 5 (sobre la evaluación de la materia); la Disposición Adicional Primera (sobre la extensión de este modelo a otras asignaturas), explicó el sindicato.

La opción B incurre en ilegalidad
Además, anula el artículo 2 del orden sobre la opción B -aprobar con trabajo trimestral-con el argumento de que "incurre en una ilegalidad puesto que establece dos materias diferentes a las prefijadas en el decreto 112/07 sobre el currículum de secundaria, que define EpC como una sola materia que debe ser impartida por un profesor".
El sindicato explicó que también se argumenta que impartir la asignatura en dos modalidades "sólo es posible para atender al alumnado con necesidades educativas especiales, por tanto, amparar en esta definición cualquier otra actuación dirigida a proteger diferencias u opciones ideológicas y morales es pervertirla e intentar ocultar actuaciones faltas de legitimidad".
"La opción B rompe el carácter de evaluación continua porque el alumnado no conoce todo el currículum y la libertad de cátedra puesto que los órganos de coordinación didáctica no pueden adoptar los libros de texto y otros materiales para el desarrollo de las materias" añadieron.
En cuanto a la obligación de impartir la materia en inglés, la sentencia afirma que la comunidad autónoma "no tiene competencia para establecer que una materia curricular básica y obligatoria se imparta obligatoriamente en una lengua extranjera en todos los centros y para todo el alumnado sin excepción", agregó la citada organización.