LEVANTE-EMV VALENCIA
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El empresario alicantino Enrique Ortiz aseguró ayer, menos de veinticuatro horas después de anunciar que adoptará acciones legales contra el PSPV, que le "sorprende" que el portavoz socialista en las Corts, Ángel Luna, que trabajó para él hace unos años, sea uno de los firmantes de la querella presentada para que se investigue la presunta financiación ilegal del PP por parte de esa empresa alicantina, Sedesa, Lubasa, Facsa y la consultora PIAF. Ortiz se expresó así tras reunirse, como máximo accionista del Hércules CF, con el presidente del club, Valentín Botella, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el portavoz del grupo socialista, Roque Moreno, con los que abordó el futuro del estadio Rico Pérez.
El constructor confesó que no ha hablado personalmente con Luna y apuntó que su empresa "lo único que va a hacer es defender su honorabilidad, pero no va a ir contra nadie, ni a favor de nadie". "Nosotros somos una empresa honesta, con muchos años trabajando", explicó. Ortiz utilizó la defensa de los empleos como argumento escudo contra la querella, al igual que hizo Sedesa y hasta el propio presidente Camps, ayer en las Corts. Así, apuntó que su compañía tiene "la responsabilidad de muchos trabajadores", por lo que tienen que defender que son "gente seria", al igual que lo han sido "años atrás, gobierne quien gobierne". Abundó en que defenderán esta honorabilidad "como haga falta".
El presidente de Cierval, Rafael Ferrando, rechazó, como dijo el día anterior Luna, que el Consell los haya presionado para defensar a las empresas frente al PSPV y añadió que no se puede desprestigiar a las firmas "en el periodo en que estamos". El titular de la Cámara de Comercio de Valencia, Arturo Virosque, dijo estar "disgustado" por la querella de los socialistas.
Por otra parte, el malestar en el seno del PSPV por haber presentado la querella es más que evidente entre buena parte de los dirigentes del partido en Alicante, territorio controlado por la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín. Tanto en la ejecutiva provincial que dirige la alcaldesa de Sax, Ana Barceló, como en el seno del grupo de la diputación, que comanda Antonio Amorós, existe la percepción de que se ha podido cometer un error estratégico al trasladar el problema de presunta corrupción del PP desde el terreno judicial al político.
Los críticos con la iniciativa sostienen que se ha desviado la atención y ahora se centran los focos en el PSPV. "Somos especialistas en convertir los problemas del PP en problemas nuestros; ya lo hicimos con Benidorm y ahora de nuevo cometemos el mismo error", apuntó ayer una dirigente socialista. En el grupo de las Corts es extendida la opinión de que, para la opinión pública, han perdido protagonismo los problemas del PP con los jueces y ha ganado peso su litigio con los socialistas. El asunto ha subido varios grados en su politización.
Puig prefiere el espacio político al judicial
El portavoz adjunto del grupo socialista de las Corts, Ximo Puig, hizo ayer equilibrios para no expresar públicamente su rechazo a la querella, de la que es firmante, sin esconder en determinados ámbitos su disconformidad con la iniciativa. Al contrario que otras veces, fue Puig quien salió a hacer declaraciones en pasillos sobre la intervención de Camps en la sesión de control parlamentario, para así aprovechar y poner paños calientes a la crisis abierta en el grupo y en el PSPV por la contestación interna a la querella. Sus declaraciones estaban medidas para ser leídas entre líneas. Puig aseguró que le habría "gustado que los problemas se solucionaran en el espacio político", pero el PP "no lo permite en estos momentos". "Nosotros tenemos que estar más situados en la persecución de responsabilidades políticas, pero el PP no lo está permitiendo y entonces la única medida que tenemos a nuestro alcance es la vía judicial", abundó.
Su partido, agregó el alcalde de Morella, lo único que hace "es cumplir con la tarea de oposición". El portavoz adjunto explicó que la querella se ha interpuesto "desde la perspectiva de la defensa de la democracia, la libertad y la libre competencia", frente al marco de "peronismo y populismo" que, según el socialista, ha instaurado Camps en la Comunitat Valenciana. Quien fue rival de Alarte en el XI congreso socialista, afirmó que muchas veces las empresas son "víctimas de un sistema corrupto que les ha llevado a hacer cosas que no les hubiera gustado" y tendió la mano a los empresarios, que "tienen en el PSOE un interlocutor válido para superar la actual crisis". levante-emv valencia
