?El juez Antonio Pedreira, que instruye la causa Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ha requerido a la Generalitat documentación sobre las cuentas de la Fundación V Encuentro de las Familias que organizó la visita del Papa a Valencia. La información la desveló ayer la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, al ser preguntada en al rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo sobre si el TSJM había solicitado alguna documentación al Consell o algún organismo público dependiente.

Posteriormente fuentes del Consell aclararon que la información remitida al juez es la relativa a las cuentas de 2005 y 2006 depositadas en el Registro de Fundaciones de la Generalitat, una información, apuntaron las citadas fuentes, que es pública y que está colgada en internet. La notificación del TSJM llegó a la Generalitat hace unos días.

Precisamente la semana pasada, el nuevo director de RTVV, José López Jaraba, reveló en su primera comparecencia en las Corts que el pasado 11 de septiembre había remitido al juez Pedreira la información relativa a los pagos que Canal 9 realizó a la constructora Teconsa a cuenta del contrato por la sonorización y montaje de las pantallas en la visita del Papa. Según informes policiales, Teconsa subcontrató parte de los trabajos por valor de 3 millones de euros. La caja B de las empresas de Correa registraron cerca de un millón de euros en concepto de comisiones por la supuesta intermediación en el contrato. Además, según ha ido desvelando Levante-EMV varias subcontratistas cobraron hasta 2, 2 millones de euros por "Extras del acto del Papa". Una de ellas, Castaño Corporate, es una de las sedes patrimoniales utilizadas por Francisco Correa para blanquear dinero a través de inversiones inmobiliarias, según la policía judicial.

Desde el Ejecutivo se trató ayer de quitar hierro al requerimiento del juez al entender que no está investigando a la fundación sino a las empresas de la red Gürtel. Con todo, las nuevas diligencias practicadas por Pedreira evidencian la participación de la trama en el que pasó por ser el evento más importante promovido por la Generalitat. Además, la instrucción afecta de forma directa a una fundación financiada mayoritariamente con aportaciones públicas y cuya gestión está en el centro del debate político por la opacidad que la ha acompañado desde su constitución.

De hecho, no ha sido hasta el pasado mes de octubre, tres años después de la visita papal, cuando la Generalitat, titular del registro de fundaciones, ha estado en condiciones de hacer públicas las cuentas de la entidad benéfica relativa a los años 2005 y 2006, unos datos que arrojan más sombras que luces. Así, tal como informó este diario, la fundación declaró el ejercicio de 2006, en que tuvo lugar el encuentro de las familias, unos gastos de 12,2 millones y unas pérdidas de 2, 8 millones.

La documentación detalla algunos gastos, pero no incluye como es preceptivo una memoria de actividades en el que se especifiquen las actuaciones que se han realizado en el ejercicio. De hecho, la responsable autonómica de las fundaciones,Patricia Montagud, hizo una observación en este sentido que conta en los papeles que ahora también está en manos del juez instructor del caso Gürtel.

Por otro lado, la portavoz De León indicó ayer que el Consell podría pedir la nulidad del caso Gürtel si se comprobara que las grabaciones telefónicas al presidente se efectuaron con el sistema Sitel y este se aplicara de manera ilegal. El Supremo acaba de avalar la legalidad del sistema, tal como recordó ayer el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta.