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La cruzada por la transparencia y contra la corrupción puesta en marcha como respuesta al caso Gürtel por el líder del PP, Mariano Rajoy, supone todo un examen para los alcaldes y presidentes autonómicos del partido en toda España, que corren el riesgo de quedar en evidencia si no superan esta prueba del algodón. En la Comunitat Valenciana, el Consell de Francisco Camps y el PP incumplen o han incumplido en algún momento al menos 14 de las 50 medidas del decálogo de Rajoy, presentado este fin de semana como base para un gran pacto entre los partidos.

Declaración de bienes oculta, exceso de asesores y regalos

Rajoy pide en su documento "hacer públicas las declaraciones de bienes de los cargos electos". Camps y el PP suspenden. No sólo no han publicado su declaración tras las reiteradas peticiones de la oposición sino que las Corts impidieron en 2007 que los diputados del PSPV publicaran sus bienes en la web de la institución. Tuvieron que hacerlo en la web del partido. Recientemente, el PP sí difundió a través de una nota de prensa los bienes del presidente Camps, en pleno caso Gürtel.

Rajoy también pide "limitar" el número de asesores. En este punto, destaca por ejemplo el caso del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, que cuenta, según denuncia la oposición, con 41 asesores en la corporación.

Otro asunto polémico es el de los regalos a cargos públicos, que el presidente del PP quiere prohibir siempre que exceda los usos y costumbres sociales. Los obsequios han sido uno de los asuntos que más ha afectado al PP valenciano en relación con el caso Gürtel. Y es que el presidente Camps y otros cargos como la presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, o los consellers Cotino y Font de Mora aparecían como destinatarios de regalos de Navidad realizados por El Bigotes, según la documentación contable intervenida a la trama. Camps, además, llegó a estar imputado por haber recibido presuntamente trajes de la trama, aunque la causa fue archivada.

A estas medidas sobre los cargos se une la exigencia de "separar lo público y lo privado", por ejemplo "racionalizando el uso de vehículos". Curiosamente, hace unos meses, algunos conductores de la Generalitat denunciaban el "uso abusivo" del coche oficial, que en ocasiones utilizaban para asuntos privados, como "ir a misa".

Fraccionamiento de contratos

En cuanto a la gestión pública, el decálogo de Rajoy pide "evitar el fraccionamiento y la concentración de contratos mediante el abuso de contratos menores". Esto se ha convertido en una anomalía casi habitualmente reseñada por la Sindicatura de Comptes. También es una constante la adjudicación de contratos "a dedo". Sin ir más lejos, el Síndic de Comptes detectó anomalías en el 95% de los contratos fiscalizados en el informe 2007; en muchos casos las incidencias afectaban a los principios de publicidad y concurrencia.

Política urbanística

El decálogo de Mariano Rajoy presta especial atención a un asunto sensible de la realidad valenciana: la política urbanística. El dirigente pide terminar con la "hiperregulación", procurando una "simplificación y clarificación normativa". En este sentido, todavía está pendiente que el Consell simplifique el intrincado paquete legislativo aprobado en los últimos años. En junio pasado la Conselleria de Urbanismo encargó esta misión a una comisión formada por tres catedráticos de Derecho. La idea, expresada por el fallecido García Antón -entonces conseller-, era crear un "documento que unifique la normativa urbanística para que sea sencilla y rigurosa".

En materia urbanística, Rajoy también apuesta por la "paralización definitiva de urbanizaciones e inmuebles construidos ilegalmente". Respecto a este extremo, la conselleria prometió a finales de 2006 (González Pons) una cruzada contra las casas ilegales, que se ayudaría de la tecnología -imágenes aéreas- para detectar construcciones ilegales en suelo no urbanizable. Año y medio después, aquella cruzada se saldó con la apertura de 26 expedientes.

Control de la gestión

Estas iniciativas están incluidas en un paquete de medidas para incrementar la transparencia en la gestión. En este bloque Rajoy también pide "regular la comparecencia en pleno o en comisiones informativas de los directivos de organismos y empresas"; algo a lo que el PP se niega sistemáticamente, según denuncia la oposición. Tampoco son habituales otras medidas de control interno, como "facilitar la creación de comisiones de investigación" que ahora pide Rajoy. La del accidente de metro en 2006 -resuelta en pocos días- es la única que se recuerda en tiempos de Camps.

Finalmente, Rajoy propone la aprobación de códigos de buen gobierno, algo a lo que se negó el Consell a finales de 2005, cuando lo solicitó el PSPV tras la iniciativa aprobada por Zapatero en este sentido. Rita Barberá sí se comprometió en este sentido en el Ayuntamiento de Valencia.

Fortalecimiento del contral institucional interno

Rajoy apuesta por aprobar códigos de buen gobierno en todas las administraciones; fortalecer la figura de secretarios, interventores y tesoreros, o limitar los periodos de interinidad en dichas plazas.

Fortalecimiento del control institucional externo

Potenciar el Tribunal de Cuentas con más medios; mejorar las herramientas de la Fiscalía Anticorrupción y garantizar su imparcialidad; convocar elecciones parciales en caso de disolución de una corporación local.

Incrementar la transparencia en la gestión

Rajoy propone publicar en la red la actividad de los ayuntamientos -plenos, comisiones, etc-; publicar las retribuciones de los cargos; regular la comparecencia de los directivos de organismos, empresas, patronatos; evitar la hiperregulación urbanística o agilizar los procedimientos en referencia a casas ilegales para proceder a su paralización.

Incrementar a objetividad en la gestión pública

El líder del PP aboga por endurecer la prohibición de contratar cuando el contratista haya sido condenado mediante sentencia firme por determinados delitos, impidiendo que lo haga durante X años en cualquier administración; evitar el fraccionamiento y la concentración de contratos mediante el abuso de los contratos menores; fijar como regla general que el proceso de adjudicación permita la más amplia concurrencia, o garantizar los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad...

Bases referentes a cargos electos y personal al servicio

Hacer públicas las declaraciones de bienes; incorporar al registro los cambios de patrimonio o actividad; limitar el número de cargos públicos y asesores; prohibir la aceptación de regalos cuando no respondan a los usos habituales; impedir que ex concejales o ex altos cargos municipales puedan contratar hasta pasados dos años; reducir el uso de vehículos, el gasto del móvil, etc

Bases para garantizar el respeto a la voluntad popular

Limitar la presentación de mociones de censura el primer y último año si no van avaladas por 2/3 de la corporación; cumplir el pacto antitransfuguismo; prohibir que los tránsfugas tengan un papel ejecutivo y que los cargos electos en prisión provisional sigan ostentando responsabilidades ejecutivas.

Lucha contra los comportamientos corruptos

Ampliar y endurecer el Código Pena; ampliar los plazos de prescripción del delito; mejorar la protección de los empleados que denuncien actividades corruptas, y devolver a los municipios los bienes incautados en delitos de corrupción por responsables públicos.

Las mociones de censura y el transfuguismo, un asunto que afecta a los dos partidos más importantes en la Comunitat Valenciana, merecen un bloque específico dentro del decálogo por la transparencia de Rajoy. El dirigente pide prohibir que los tránsfugas "tengan un papel ejecutivo en el Gobierno local que surja tras una moción participada o promovida por estos". Esta petición de Rajoy difícilmente se cumple en las mociones con tránsfugas. En Dénia, por ejemplo, en una de las mociones más importantes de la legislatura, un tránsfuga del PSPV, Juan Collado, dio la alcaldía al PP y ahora es concejal liberado con un sueldo de 44.000 euros. El caso de Dénia tampoco respeta otra exigencia de Rajoy: la que pide limitar las mociones durante "el primer y el último año de mandato, si no van avaladas por dos tercios de miembros de la corporación". En Dénia, sólo once concejales respaldaron la moción, con diez en contra. La mitad más uno.

Por otro lado, y aunque no continúe en el Ayuntamiento de Benidorm, cabe destacar el caso de la tránsfuga más famosa de España, Maruja Sánchez, que dio la alcaldía a Zaplana en 1991. Sánchez terminó el mandato como concejal e inició una carrera como asesora que terminó hace unas semanas con otra moción, ésta hecha al revés -PSPV con un popular tránsfuga-, 18 años después de la primera. j. l. g. valencia