­Es medianoche en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores, en Valencia. Un policía entra en la habitación número 17. Delante de una agente femenina como testigo connivente, el policía se quita la camisa, invita a los internos a enfrentarse a él, les insulta, arremete contra su pasividad y, a continuación, coge una porra y los golpea durante cinco o diez minutos hasta causar lesiones a varios de los inmigrantes sin papeles retenidos en la celda. Tres o cuatro días después (ha sido imposible precisar la fecha), el mismo funcionario entra en la habitación número 3. En la celda, unos musulmanes leen el Corán. El policía irrumpe y, porra en mano, les asesta una paliza que les produce hematomas y problemas de movilidad. Estos dos supuestos casos de tortura ocurridos el pasado agosto fueron denunciados ayer por la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) después de haber realizado una investigación en el centro de Valencia.

Tras entrevistar a 35 extranjeros y a 25 trabajadores del centro de internamiento de Zapadores, la coordinadora de CEAR en la Comunitat Valenciana, Sara Verdú, concluye que el centro de Zapadores es un «agujero negro del Estado de Derecho» donde se producen lesiones físicas y psíquicas con el objetivo de «intimidar o lograr una conducta ejemplarizante».

Pero no sólo se trata de torturas. La ONG en defensa del refugiado denuncia irregularidades como la ausencia de cámaras de seguridad en baños, habitaciones, parte de los pasillos y zonas comunes del centro. También consideran «probada» la negativa del personal médico del centro a elaborar partes de lesiones. Asimismo, los inmigrantes internados en el centro de Zapadores carecen de acceso directo al juez o fiscal para quejarse o denunciar malos tratos. Y un dato sorprendente: en el centro hay dos celdas de aislamiento, pero no existe ni reglamento de sanciones ni libro que registre las entradas y salidas a estas celdas incomunicadas.

Después de visitar durante tres días de agosto las instalaciones del centro de internamiento de extranjeros, con 156 plazas, CEAR ha recabado otros datos. Entre ellos, que los inmigrantes han de orinar en botellas de agua vacías por la noche ante la ausencia de inodoros en las habitaciones o de intercomunicadores que faciliten la salida al baño común. Y otro aspecto que considera especialmente grave la coordinadora autonómica de CEAR: no se informa del derecho de asilo a los internos (un 26% de los entrevistados podía acogerse a él sin saberlo) o se les intenta disuadir de que lo pidan en función de unas supuestas «instrucciones» internas, según el estudio elaborado por CEAR.

Un 25% de los inmigrantes entrevistados afirma que en el centro existen malos tratos: actitudes vejatorias, gritos o golpes. En la presentación del estudio realizado, la coordinadora autonómica de CEAR reclamó el desmantelamiento y cierre del centro de internamiento para unos extranjeros que están allí, según dijo a este diario Sara Verdú, «por el simple crimen de no tener papeles».