Los municipios sólo han recibido 4 de los 510 millones previstos en 2009 del Plan Confianza

J. L. G. VALENCIA El Plan Confianza, aprobado en el pleno del Consell hace ahora un año -enero de 2009-, apenas ha tenido repercusiones económicas en las arcas de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana 365 días después. Esta iniciativa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, nació con el objetivo de incentivar la economía en el ámbito local frente a la crisis.
Así, el Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios -Plan Confianza- presentaba una inversión de 1.020 millones para desarrollar proyectos locales en dos años. El Ejecutivo preveía invertir 510 millones en 2009 y la misma cantidad en 2010, aunque la cifra podría variar en función de los plazos de ejecución. De un modo u otro, finalizado el primer año, el Consell ha abonado a los ayuntamientos 4.162.161 euros.
La cifra la dio el pasado jueves el propio vicepresidente y conseller de Economía, Gerardo Camps, tras el pleno del Consell; y lo hizo ante "las dudas -de la oposición- sobre la solvencia de la Generalitat para cumplir sus compromisos". Así, según explicó, a fecha de 31 de diciembre se habían pagado a los ayuntamientos 4,1 millones -apenas el 0,8% de los 510 millones previstos- en concepto de anticipos del 15% de los proyectos y pago de certificaciones.
Lo cierto es que el plan, un año después de su paso por el pleno del Consell, sufre un retraso manifiesto. Según figura en la página web de la Conselleria de Economía, la Generalitat ha aprobado 1.742 proyectos en la práctica totalidad de municipios valencianos. Sin embargo, según sus propios datos, se han realizado 516 adjudicaciones en un total de 197 municipios, aunque no hay cifras sobre obras finalizadas. Quedan pendientes de aprobación, además, 24 proyectos por deficiencias formales.
El plan del Consell saltó a la palestra a las pocas semanas después del anuncio del Fondo de Inversión Local del Gobierno de España, que en este mismo tiempo ha ejecutado obras en la Comunitat, ya terminadas, por valor de 864 millones de euros.
Pese a las similitudes con este fondo existen diferencias, sobre todo en cuanto al trámite administrativo. En los municipios de más de 10.000 habitantes, las obras del Plan Confianza las ejecuta la Generalitat; en los de menos población, es el ayuntamiento el que se encarga de la licitación y adjudicación de la obra, aunque el pago final lo asume la Generalitat. Es precisamente en estos casos, cuando el municipio debe responsabilizarse de las obras, donde están surgiendo los problemas. Varios alcaldes consultados por este diario recelan de que el dinero de la Generalitat vaya a llegar en tiempo. "Se han negado a publicar un calendario de pagos", criticaba un alcalde del Camp de Morvedre, que dice haber recibido sólo el 15% del pago por una obra ya terminada. Ante esta situación, algunos ayuntamientos han tomado medidas, como especificar en el pliego de condiciones de la obra que la Generalitat es la responsable de pagarla.
En otros casos, en el contrato se incluyen cláusulas según las cuales la empresa adjudicataria de la obra debe asumir los intereses si el ayuntamiento se ve obligado a pedir un préstamo para hacer frente al pago de las obras ante un hipotético impago de la Generalitat. Otro alcalde apuntó que directamente algunos concursos, sobre todo de obras pequeñas, habían quedado desiertos porque las empresas no se fían de cobrar.
La contestación al "Fondo Zapatero"
El Plan de Inversión Productiva en Municipios (PIP) del Plan Confianza impulsado por la Generalitat surgió poco después del anuncio del Fondo Zapatero, que ha repercutido en proyectos por valor de 864 millones en municipios de la la Comunitat Valenciana y que ya han sido ejecutados y abonados. En estos momentos los municipios están preparando los proyectos para la segunda edición de este plan estatal. De momento, el plan Confianza apenas se visualiza en algunas obras menores. En la comarca de l'Horta, las iniciativas más visibles son las que dependen de la Conselleria de Gobernación dirigida por Serafín Castellano. En Picassent ya se ha puesto la primera piedra para las nuevas instalaciones de la Policía Local. En Alaquàs, Gobernación también ha presentado el proyecto para rehabilitar un convento como futura sede de la Policía, entre otros usos. En Burjassot también se ampliarán las dependencias policiales. j. l. g. valencia