En pleno debate sobre el cambio del modelo productivo, el Consell dejó claro ayer que sigue apostando por el sector del ladrillo para hacer frente a la crisis económica y generar empleo en la Comunitat Valenciana. El departamento que dirige Juan Cotino sometió ayer a la aprobación del pleno un decreto-ley por el cual se eliminan toda una serie de trámites para agilizar la aprobación de planes urbanísticos, así como para incentivar la implantación de negocios en suelo no urbanizable. Con este acuerdo, el Consell toma un atajo en la anunciada reforma de las leyes urbanísticas y corrige parte de la herencia normativa dejada por el conseller Rafael Blasco.
Así, entre otros cambios de calado, se suprime el concierto previo. Esta figura se creó en 2004 con Blasco de conseller de Territorio para agilizar la tramitación de los planes generales, aunque en la práctica se ha convertido en una rémora para los ayuntamientos porque obliga a presentar casi la misma documentación que un PGOU. Actualmente 45 municipios esperan el visto bueno de la conselleria para dar salida sus planes de ordenación, según la Conselleria de Urbanismo. .
El decreto-ley fue expuesto por la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. Cotino, que sí acudió a la reunión del Gobierno, no compareció junto a la portavoz a pesar del calado de los cambios propuestos.
La caída en la construcción de viviendas y el frenazo que han sufrido los programas de actuación integrada (PAI) también obliga a la Conselleria de Medio Ambiente a eliminar la desclasificación inmediata de terrenos en los casos en los que el plan no se haya construido a los tres años de aprobarse. Será el ayuntamiento quien decida si el suelo donde iba a construirse vuelve a ser rústico, o deja en pausa la actuación urbanística en espera de tiempos mejores para el sector de la construcción. La medida tendrá validez hasta finales de 2012, aunque podrá prorrogarse.
El Consell también confía la salida de la crisis a las actividades que se desarrollen en suelo no urbanizable, como es el caso de hoteles rurales, camping, colegios o aparcamientos. Desde 1992 estos negocios pueden instalarse en suelo rústico. El decreto del Consell reduce a tres meses la tramitación de la Generalitat de estas instalaciones, denominada Declaración de Interés Comunitario (DIC), y elimina algunos requisitos. Por ejemplo, en casas rurales no habrá que respetar la distancia de cinco kilómetros respecto al núcleo urbano, ni la parcela mínima de media hectárea siempre que se cuente con el visto bueno de la Conselleria de Turismo. Los campamentos no tendrán ya que reservar un mínimo del 5o% de la parcela a uso agrario o forestal. También exime a los centros sanitarios y colegios de dejar libre la mitad del terreno donde se instalan. La DIC tampoco será necesaria para reformar un edificio ya autorizado en suelo rústico.
Además, los ayuntamientos podrán disponer libremente del canon que cobran por las actividades que se implantan en su suelo rústico. Hasta ahora estaban obligados a tramitar un programa de sostenibilidad que aumentaba la burocracia. Según el decreto, el dinero podrá dedicarse a "cualquier fin de interés público", como viviendas de protección oficial, parques, polideportivos o casas de cultura.
Los consistorios podrán también incentivar la iniciativa privada otorgando prórrogas, fraccionamientos o reducciones del citado cánon si la nueva actividad genera puestos de trabajo.
El departamento de Cotino también elimina la cédula territorial de urbanización que se exigía cuando un PAI modificaba la estructura básica del Plan General de un municipio. Por último, el Consell exime a los promotores de construir parques, espacios libres e infraestructuras junto a los sectores donde se promueven.
