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Valencia CF

El PSPV pide anular el PAI de Mestalla porque se violó la ley para dar 6,7 millones a técnicos

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Denuncia al TSJ que Valencia CF y consistorio simularon la gestión directa del plan para evitar el concurso y, en los «aledaños del ilícito penal», mantener a Escribano y Martínez Morales - Alega que se incumplió «groseramente la ley» en una docena de puntos

FRANCESC ARABÍ ­
Vender la parcela del Mestalla, con sus 89.340 metros de techo, es El Dorado con el que el Valencia CF sueña desde el 22 de noviembre de 2007 para enjugar buena parte de su deuda. La depresión inmobiliaria torció la previsión de pelotazo, se llevó por delante a Juan Soler y a Vicente Soriano, y el cuento de la lechera se volvió culebrón decadente. Puede empeorar. En cuestión de dos meses quizás no haya ni parcela que vender. Es el plazo en el que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ debe dictar sentencia sobre el recurso del grupo municipal socialista, en el que pide la nulidad de la reclasificación (de uso deportivo a residencial) aprobada, vía modificación del PGOU, por el ayuntamiento (el 23 de febrero de 2007) y ratificada por la Conselleria de Urbanismo.
El PSPV desgrana una docena de argumentos jurídicos que amparan la «petición de nulidad de semejante monstruo jurídico con apariencia de legalidad». Se acusa al ayuntamiento, Consell y Valencia CF de «violar groseramente» la legislación urbanística (esencialmente la LUV) y las normas de contratación administrativa.
En su escrito de conclusiones ante el alto tribunal, los socialistas advierten que el procedimiento para tramitar la reclasificación «discurre en los aledaños de un posible ilícito penal». Se dice respecto a una tramitación del PAI, sembrada de irregularidades para evitar que se convocara un concurso para elegir al urbanizador y a los técnicos para redactar la Alternativa Técnica, propuesta jurídico-económica y el programa. El consistorio mantuvo ilegalmente, dicen, al arquitecto Alejandro Escribano y el letrado urbanista J0sé Luis Martínez Morales, contratados por el Valencia CF, que pagó 6, 7 millones de euros por los citados trabajos y sus gestiones ante Consell y ayuntamiento para lograr la reclasificación.

Un montaje con trámite exprés
Entre las presuntas ilegalidades que subraya el PSPV destacan no haber reservado vivienda de VPO, la excesiva volumetría (1,79 de coeficiente de edificabilidad), la ausencia de estudio de integración paisajística, la falta de plazas de aparcamiento o la justificación de la gestión municipal directa en que todo el terreno afectado es del club, cuando parte es de Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Conselleria de Infraestructuras.
El denunciante entiende que la operación urbanística fue un fraude porque «un particular» (el Valencia CF) redactó y pagó una propuesta de PAI para su gestión directa, esto es, para que el propio ayuntamiento lo desarrollara. El consistorio «la hizo suya sin ningún tipo de procedimiento de contratación, obvió los trámites establecidos en la legislación urbanística y de contratación administrativa y la tramitó como si se tratase de una propuesta redactada de oficio», por sus técnicos. Después se comprobó «con perplejidad», dice el PSPV, que esos trabajos costaron 6,7 millones y los hicieron Escribano y Martínez Morales. «Nada impedía al Ayuntamiento de Valencia haber redactado» la modificación del PGOU y el resto de proyectos y que se tramitara por gestión directa. Para el consistorio de Rita Barberá, esa vía «habría comportado la necesidad de licitar el contrato de redacción y dirección de dichos proyectos». Y «la publicidad y competencia son malas compañeras para cerrar tan sustanciosa retribución», asesta el PSPV.
En vez de ello, se optó por que el Valencia CF presentara la propuesta de modificación del PGOU como si fuera enfocada a una gestión indirecta. Pero «ello suponía que el PAI tenía que salir a concurso, con el riesgo de que no se le adjudicase a quien con carácter anterior se había determinado». «Para evitar esa indeseada espina, se ideó con el Ayuntamiento que este último lo hiciera simulando una gestión directa», se agrega en el escrito.
La iniciativa del Valencia CF se presentó el 18 de octubre de 2006 y ese mismo día logró «informe favorable de varios servicios municipales». Al día siguiente, el teniente de alcalde Alfonso Grau redactó una moción que proponía que el proyecto se desarrollará en gestión directa a través de la empresa pública Aumsa. Entonces surgía un problema. Si los propios técnicos municipales redactaban los documentos, Escribano y Martínez Morales no podrían cobrar «el sustancioso contrato». Y si el ayuntamiento optaba por sacar a concurso —que podía hacerlo— esos servicios técnicos jamás se habrían llevado, aunque lo hubiesen ganado los citados profesionales, 6,7 millones, según el PSPV. Porque «la presentación de arquitectos y abogados habría alcanzado a todos los lugares del planeta, con el enorme riesgo de perder tan fastuoso contrato quienes participaran de él», ironiza el recurrente. En esa tesitura, «la solución sólo podía ser una: incumplir groseramente la ley, cubrirlo con algún informe ad hoc para evitar males mayores, simular una adecuada tramitación administrativa y esperar que el enaltecimiento del sentimiento patrio valencianista tapase todas las irregularidades cometidas».

El arquitecto admite la autoría
Por eso, ese mismo día 19 de octubre, llegó al ayuntamiento una «falsa» proposición jurídico-económica, firmada por el gerente de Aumsa, quien, por cierto, no tiene competencias para certificar ese trabajo, según el denunciante.
Tanta «agilidad administrativa» sólo es «comprensible» si se tiene en cuenta «el secreto a voces que se descubrió en la fase probatoria» del proceso. «Que esa propuesta, como también la Alternativa Técnica, fueron redactadas por el mismo equipo técnico-jurídico contratado y pagado únicamente por el Valencia CF», se explica. Lo cual ha quedado probado durante este proceso cuando ayuntamiento y Aumsa han negado haber contratado a Escribano y Martínez Morales. Y cuando el primero reconoció («en el minuto 17 de su intervención») haber redactado el proyecto.

Alarte quiere que el grupo municipal retire el recurso
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El pulso en el seno del PSPV entre el secretario general, Jorge Alarte, partidario de retirar el recurso contra la modificación del planeamiento, y sus doce concejales firmantes de la iniciativa judicial se ha saldado, por ahora, a favor de los segundos. Tanto la portavoz socialista en el ayuntamiento, Carmen Alborch, como el resto de sus concejales —empezando por el ex secretario general local, Rafael Rubio— entienden que no existe ninguna mínima variación del proyecto inicial que justifique políticamente dar marcha atrás en una decisión que se adoptó en defensa de los intereses generales de la ciudad. Algún motivo, aunque sea a título de coartada, deberán esgrimir para desistir de su iniciativa, sostienen los concejales y así lo han hecho saber al secretario general de su partido.
Alarte ha traslado a su entorno que entiende la posición de sus compañeros en el ayuntamiento, si bien le incomoda sobremanera. Porque en Blanquerías están convencidos de que esta iniciativa no les beneficia electoralmente. No en balde, el líder del PSPV ya proclamó su criterio favorable a retirar el recurso. Y lo hizo el día en el que suscribió acciones de la ampliación de capital del Valencia CF. Las relaciones de Alarte con el presidente del club, Manuel Llorente, son extraordinarias. Y tiene dos meses de plazo para convencer al propio Llorente, para que haga alguna concesión, y a sus propios concejales para que retiren el recurso antes de la sentencia. Las partes podrían, incluso, pedir de mutuo acuerdo que suspendan el proceso por un tiempo mientras negocian.

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