El escándalo de corrupción en Alicante que ha salpicado de lleno al presidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll, no ha alterará de momento la hoja de ruta marcada por el líder nacional del PP, Mariano Rajoy, en torno a la grave crisis que atraviesa la organización valenciana desde que estalló el caso Gürtel. La dirección nacional del PP se resiste a tomar medidas disciplinarias contra el líder alicantino y esperará a ver como evoluciona el caso del presidente Camps para tomar medidas de calado. Ayer de forma expresa, fuentes oficiales rechazaron la posibilidad de convocar un congreso regional extraordinario en la Comunitat Valenciana para acometer una profunda renovación en el partido, un escenario que, sin embargo, sí reclamaban ayer con insistencia varios dirigentes del PP valenciano, críticos con cómo Génova y la dirección regional está gestionando los escándalos que acechan a la formación que lidera Francisco Camps.
La incorporación de Ripoll, el referente del PP en Alicante, a la lista de imputados con mando en el partido -el propio Camps por la causa de los trajes y el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra,- ha terminado por hundir la moral de la tropa popular en Valencia. La preocupación por la repercusión electoral de estos escándalos y por la imagen de corrupción generalizada que la acumulación de procesos judiciales puede trasladar a la ciudadanía se tornó ayer en nervios tras el desenlace de la declaración de Ripoll. Aunque la controvertida actuación policial en este caso ha dado al PP argumentos para abonar su teoría de las conspiración los dirigentes nacionales y miembros del Ejecutivo de Camps consultados son conscientes de que esta polémica acabará apagándose y llegará la cruda realidad de las decisiones judiciales. De hecho, ayer llegó en forma de imputación de graves delitos contra Ripoll.
Pese a que el nuevo escándalo en Valencia ha aumentado la presión hacia Mariano Rajoy para que dé un golpe de timón, la previsión que se barajaba en Génova era guardar la calma y no precipitar las decisiones en torno al PP valenciano. De ahí que ayer se descartaba tomar medidas disciplinarias en breve y aplicar el código ético del PP. Rajoy y su entorno son conscientes de que una medida de estas características contra el barón provincial dejaría al descubierto la inacción respecto a Camps y Fabra. Por ello, se apuesta más por una solución de conjunto, pero a su debido tiempo.
Desde que el Tribunal Supremo reabrió la causa por cohecho impropio contra el presidente Camps, en la calle Génova se está pendiente de la resolución que adopte el juez instructor José Flors. Camps asegura que podrá ahora demostrar su inocencia. Sin embargo, una eventual condena sería la línea roja que Rajoy ya no estaría dispuesto a sobrepasar.
La estrategia de Rajoy de dejar pasar el tiempo cuenta con voces críticas. Responsables del PP creen que urge una solución de urgencia y reclaman una refundación del partido con caras nuevas tanto en el partido como en el Consell.
