La Conselleria de Justicia rectificó ayer y se comprometió a reforzar de forma inmediata el juzgado que mantiene 33 órdenes de protección sin ejecutar. El Consell dio marcha atrás veinticuatro horas después de intentar aplazar el problema hasta septiembre tras el aluvión de críticas de los jueces y las advertencias de miembros del Poder Judicial de que la falta de reacción de la conselleria era "una imprudencia". Justicia se comprometió con la juez y la secretaria a restablecer los refuerzos que eliminó el 30 de junio.
La conselleria encontró ayer el dinero para pagar a los funcionarios tras tres meses en los que ni siquiera había respondido a las peticiones de los jueces. Justicia mantenía hasta ahora que la Conselleria de Economía no autorizaba el refuerzo del personal por problemas presupuestarios.
El juzgado de lo Penal número 14, como adelantó Levante-EMV, acumula 33 órdenes de protección sin ejecutar tras haber perdido a seis de los siete funcionarios que tramitaban las condenas de violencia machista. Todos los juzgados de ejecutorias de Valencia cuentan con 27 funcionarios salvo el número 14 ya que nació con una plantilla de 9 porque estaba destinado a ser un órgano judicial normal. Hasta hace un mes tenía 24 funcionarios, 9 fijos y 15 interinos. La conselleria eliminó a 7 interinos y la situación, que se ha visto agravada por las vacaciones, es que hay 6 funcionarios trabajando.
Justicia, según informaron fuentes judiciales, comunicó ayer a la juez que va a volver a contar con los 24 funcionarios y que a partir del lunes se incorporarán los interinos que fueron despedidos el 30 de junio. Además, la conselleria se ha comprometido a unificar las plantillas de ejecutorias en septiembre para que los cuatro juzgados estén compensados.
Puesta al día
La juez tiene actualmente en trámite más de cinco mil setecientas condenas. Algunas causas son de sentenciados que tienen pendiente el ingreso en prisión con penas de hasta cinco años y otras de condenados por abusos a menores en la calle. Fuentes de la Ciudad de la Justicia lamentaron que casi la mitad de las condenas "están absolutamente paradas porque el juzgado no da abasto". La magistrada y la secretaria confían en recuperar la normalidad en los próximos días con el refuerzo que la Conselleria de Justicia se ha comprometido a aplicar de manera inmediata.
El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial ya alertó en marzo en un informe de que el juzgado de lo Penal número 14 de Valencia sufría un "grave colapso" y advirtió del riesgo que se corría por la posibilidad de que algún condenado volviera a delinquir. Los inspectores incidieron en "la imposibilidad" de que la juez realizara su trabajo con garantías.
El Poder Judicial, tras examinar el documento, acordó el 2 de marzo informar a favor del refuerzo del juzgado. Sin embargo, la decisión final dependía de la conselleria, que es la que paga a todos los funcionarios salvo al juez y al secretario. Fuentes del Poder Judicial apuntaron hace 48 horas que si pasaba algo sería responsabilidad de la conselleria por quitar los funcionarios de apoyo que tenía el juzgado.
Una portavoz de la Conselleria de Justicia confirmó ayer que la situación se había desbloqueado y que iban a mantener el refuerzo. El director general de Justicia, Antonio Gastaldi, le comunicó la decisión a la magistrada a media mañana. El juzgado llevaba cinco años reclamando sin éxito una plantilla estable de 27 funcionarios para hacer frente a la carga de trabajo.
Maltratadas sin ningún tipo de tutela
Fuentes de la Fiscalía explicaron ayer que las medidas cautelares que protegían a las 33 maltratadas desde que ratificaron la denuncia en el juzgado de Violencia sobre la Mujer quedaron sin efecto en cuanto el magistrado que juzgó el caso firmó la condena de su agresor. El problema es que las 33 órdenes de alejamiento que incluyen las sentencias de las afectadas no se activan hasta que el juzgado de lo Penal número 14 las ejecuta. El juzgado va a comunicar de forma inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los treinta y tres casos con condena firme de violencia machista para que la policía adopte los mecanismos de protección y para que los sentenciados comiencen a cumplir su condenas.
