El Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) denunció ayer ante la Fiscalía la supuesta construcción ilegal de un complejo hotelero en pleno Parque Natural de la Serra d´Irta en Alcossebre.
Dicho escrito, presentado con el respaldo de varios vecinos de la zona, alega que se han alzado dos nuevos edificios, una piscina y un aparcamiento de 500 metros cuadrados "sin autorización alguna" e "incumpliendo tanto la normativa del Parque Natural como la urbanística a nivel del municipio y de la Comunitat Valenciana".
Las críticas ecologistas entran en contradicción con la versión oficial del concejal de Urbanismo de Alcossebre, Javier Tosar, quien aseguró ayer que la construcción "es legal". Según el edil, se trata "simplemente de la rehabilitación de un edificio ya existente que cuenta con la correspondiente licencia, la cual pidieron y fue concedida con informe favorable de la Conselleria de Medio Ambiente".
Tosar también insistió en que el ayuntamiento "no ha recibido oficialmente ninguna denuncia" y añadió que, no obstante, los técnicos de su concejalía visitarán la zona y llevarán a cabo "la correspondiente labor inspectora para comprobar que todo está correcto y conforme a la licencia de obras que se solicitó".
Pese a ello, Gecen exige que se abran diligencias de investigación penal y argumenta que, al margen de las obras en el local ya existente, "se ha talado una buena parte de masa forestal para la construcción de dos nuevos pabellones, piscina y parking y elevado en altura la construcción preexistente, ampliando, con todo ello, muy por encima del 20% la superficie construida respecto a la ocupada por la construcción inicial". En concreto, la denuncia se dirige contra la constructora, el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert y la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Además, los ecologistas denuncian que la zona está custodiada por vigilancia privada para evitar que se tomen fotografías. "La obra está vallada y hay guardas particulares que no dejan pasar y no permiten fotografiar más que desde el exterior, lo cual no da imagen suficientemente clara de las obras".
Los ecologistas exponen que existe un supuesto contrato de concesión por un periodo de 16 años y solicitan a la Fiscalía que incoe al menos cinco diligencias penales de investigación: una inspección del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), la aportación de licencias por parte del ayuntamiento, la entrega del contrato de explotación de la concesionaria y dos informes elaborados por el arquitecto y el ingeniero municipal.
